Esto “limpiará” el sector público, dicen

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El dictamen plantea inhabilitación mínima de 30 años para que el acusado de corrupción no ocupe un cargo público, si no que no participe en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas/Foto: Francisco Tapia

El dictamen plantea inhabilitación mínima de 30 años para que el acusado de corrupción no ocupe un cargo público, si no que no participe en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas/Foto: Francisco Tapia

Con diversas modificaciones al código penal, en comisiones avanzó el dictamen que propone la muerte civil a funcionarios y particulares que participen en actos de corrupción.

La propuesta es de los diputados del PRD, Gerardo Quirino Velázquez y Enrique Velázquez, así como de los emecistas Héctor Pizano y Salvador Caro, y se aprobó en Comisión de Puntos Constitucionales. El dictamen plantea inhabilitación no sólo para que el acusado de corrupción no ocupe un cargo público, si no que no participe en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.

Sin embargo, el dictamen sufrió modificaciones de último momento en torno a la propuesta de inhabilitar de por vida, estableciendo un período mínimo de castigo, a fin de salvar la propuesta de los amparos.

Por ello, la inhabilitación mínima será de 30 años y la máxima de por vida, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito exceda las 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, los 16 mil 898 pesos.

“Como pudieron darse cuenta, hubo una propuesta de modificación que prevé máximos y mínimos al momento de imponer una pena, puesto que la Constitución federal prevé esa circunstancia, y en un entendido de aprobar una reforma que no puede ser tachada de inconstitucional”, refirió Claudia Murguía Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales.

De acuerdo a los diputados proponentes, la iniciativa busca abatir la presencia de corruptos en el sector público, por lo que también se le dará la facultad a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para diseñar e implementar una plataforma digital con el registro único de funcionarios y particulares inhabilitados, el cual servirá para dar cuenta a los entes públicos o administraciones de quiénes están vetados.

Aprobada en comisiones se espera que en sesión de hoy pase a primera lectura. Si existen condiciones o acuerdos entre diputados, se podría aprobar en su totalidad también.

 También, aprueban  reducir el número de  magistrados electorales

También, en comisiones se avaló la propuesta del diputado de MC, Ricardo Rodríguez, que busca reducir el número de integrantes del Tribunal Electoral del Estado. De cinco magistrados, la iniciativa plantea que sean tres.

“Sí es viable (la propuesta). La verdad es que en la mayoría de los estados los tribunales electorales se integran por tres magistrados. Se prevé con esto un tema de eficiencia y reducción del gasto. En ese sentido, nosotros una vez que la estudiamos no le vimos ningún problema, así es que se aprobó”.