“Castigos ejemplares a quien dañe el erario”, prometen
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Gerardo Quirino (en foto) y Enrique Velázquez, del PRD, así como por los emecistas Héctor Pizano Ramos y Salvador Caro presentaron la propuesta, que plantea reformas al código penal a fin de que personas corruptas no vuelvan ejercer en el sector público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, u otros/Foto: Archivo Página 24
Con el objetivo de abonar al combate a la corrupción, diputados locales propondrán la muerte civil o inhabilitación de por vida para ocupar un cargo público, a funcionarios o particulares condenados por corrupción.
Presentada por los diputados del PRD, Gerardo Quirino Velázquez Chávez y Enrique Velázquez, así como los emecistas Héctor Pizano Ramos y Salvador Caro, la propuesta plantea reformas al código penal a fin de que personas corruptas no vuelvan ejercer en el sector público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas.
De acuerdo a Velázquez Chávez, las reformas planteadas buscarán sancionar al funcionario corrupto con la inhabilitación de uno a diez años cuando no exista daño o perjuicio, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda las 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, los 16 mil 898 pesos. De lo contrario, la inhabilitación será de por vida.
“Esta iniciativa tiene por objeto instalar en nuestro estado la inhabilitación perpetua o muerte civil a todos aquellos que sean sentenciados por actos de corrupción, y que no vuelvan al servicio público jamás. Castigos ejemplares no solo a ellos, si una empresa o ciudadano son también sentenciados no podrán volver a participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras”.
Detalló que para evitar la simulación de actos, es decir, que una empresa sancionada haga otra, la propuesta extiende la prohibición a las que cuenten con capitales de sujetos previamente inhabilitados.
Además, refirió que la iniciativa le dará la atribución a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para diseñar e implementar una plataforma digital “accesible, transparente y clara” de un registro único de funcionarios y proveedores inhabilitados, mismo que servirá para dar cuenta a los entes públicos.
El perredista recalcó la importancia de esta la primera de varias propuestas que implementarán en la materia, por los altos índices de corrupción e impunidad que existen en Jalisco y el país.
“La dimensión del problema es enorme; de marzo del 2016 a marzo del 2017 dos de cada diez personas que hicieron un trámite tuvieron que dar mordida al realizarlo. La corrupción en trámites gubernamentales le cuesta a Jalisco 650 millones de pesos al año, mientras que el 96 por ciento de los jaliscienses considera que existe un problema de corrupción de los cuales el 64 piensa que esto es sumamente grave”, agregó.
