El ex gobernador dio apoyos a AC’s de familiares de funcionarios: José Santos
Son alrededor de 13 millones de pesos el daño generado al erario de Jalisco por estos conflictos de interés; y son 13 ex funcionarios los implicados, destacando los nombres de los ex secretarios de Desarrollo, Salvador Rizo y Miguel Castro, éste último ex candidato a la gubernatura por el PRI
Por Francisco Andalón López

José Miguel Santos, secretario del Sistema de Asistencia Social, explicó que ya presentó las denuncias correspondientes, por lo que “de comprobarse este desvío de recursos algunos de los delitos en los cuales pudiéramos estar hablando este tema son: peculado, abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y el tráfico de influencias”/Fotos: Francisco Tapia y Archivo Página 24
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social presentó denuncias contra quienes resulten responsables por la entrega de apoyos a diversas organizaciones de la sociedad civil pese a que había diversos conflictos de interés, por lo que se presume que hubo un daño por alrededor de 13 millones de pesos.
De acuerdo con José Miguel Santos Zepeda, secretario de este sistema que anteriormente era conocido como Secretaría de Desarrollo e Integración Social ya se iniciaron las investigaciones que involucran a las asociaciones en seis expedientes y que participaron en el programa “apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil y/o Asociaciones por el bienestar del periodo 2013-2018”.
“De comprobarse este desvío de recursos algunos de los delitos en los cuales pudiéramos estar hablando este tema son: peculado, abuso de autoridad, el uso ilícito de atribuciones y el tráfico de influencias”.
Asimismo, el secretario explicó que son 13 ex funcionarios los involucrados y entre ellos se encuentran los ex titulares de Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Salvador Rizo y Miguel Castro, este último ex candidato del PRI a la gubernatura.
“En todos los casos hay una relación con algún exservidor público, por eso estamos pidiendo una investigación para comprobar un interés personal en las organizaciones y la relación con algún ex servidor público”, señaló.
Según la revisión hecha durante la entrega-recepción, los ex funcionarios señalados tenían relaciones de parentesco con integrantes de los patronatos o los consejos de administración de las organizaciones beneficiadas.
Santos Zepeda informó que por este hecho se presentó el martes pasado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue lo que parece ser una operación sistemática de entrega de recursos, comprobaciones falsas e integración deficiente de expedientes para tratar de encubrir la situación.
En la denuncia interpuesta se acusa a los exfuncionarios por peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Santos Zepeda indicó que para tratar de evitar situaciones similares, a partir del 31 de marzo se generarán nuevas reglas de operación y se incluirá la creación de un comité de asignación de recursos que estará integrado por representantes de la sociedad civil y la academia.
Denuncia recibida en fiscalía anticorrupción
Por su parte, Gerardo Ignacio de La Cruz Tovar, fiscal especializado de combate a la corrupción, indicó que se recibió esta denuncia, por lo que ya se iniciaron las investigaciones para determinar si se le imputa a alguien alguno de estos delitos que enumeró el funcionario estatal.
“Y si las cosas dentro de la investigación son suficientes para ir a judicializarlo, desde luego que presentaremos ante el juez al funcionario que corresponda”.
Aunque adelantó que sólo por el dicho que se incumplieron con las reglas de operación de dichos programas no implica que haya un delito de facto, puesto que pudo haber sido hasta por un desconocimiento de las mismas o sin dolo, de ahí que se tenga que revisar el actuar de quienes estuvieron implicados.
Las organizaciones señaladas por la presunción de estos delitos son: Fundación Neikame; Fundación para el Desarrollo Social y Comunitario; Carbono Vivo, Cambios que Inspiran Soluciones; Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica; Verde Milenio; Camino de Ohana; Únete a Nuestra Meta; Fundación Pedro Vallín Esparza; Fortasol; Asociación Valles de Jalisco, Círculo de Libertad Creativa; Colectivo Minerva y Ladrando por un Fin.
“Algunas sí han podido acreditar o pudieron en su momento con su expediente acreditar el fin, otras no existe un registro”.
“Por reglas de operación los servidores públicos que tengan relación con cualquier organización civil no podrían participar en la toma de decisiones o las organizaciones civiles no podrían aplicar para esta fundación y en este caso de estos expedientes, lo que se está pidiendo es la investigación con la relación directa con algunos servidores públicos”, detalló Santos Zepeda.
