Eso es lo que demanda el pueblo, no una nueva Constitución: Arquidiócesis
Por Rafael Hernández Guízar
La Iglesia católica en Jalisco no está de acuerdo con las intenciones políticas del gobernador Enrique Alfaro, quien da la espalda al pueblo, que no pide una nueva Carta Magna, sino que se respeten sus derechos; en el fondo, “lo que se observa es una estrategia política, no tanto para dar más derechos a los ciudadanos ante el poder”, sino para legitimar su proyecto de refundación/Foto: Archivo Cuartoscuro
Desestimó y minimizó la Iglesia católica en Guadalajara, la intención del gobernador Enrique Alfaro por promulgar una nueva Constitución; incluso, sentenció que se trata de una estrategia política para justificar su gobierno, no para representar al pueblo.
A través de su editorial en el periódico El Semanario, la Arquidiócesis de Guadalajara lamentó la lejanía del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez con la ciudadanía pues la intención de promulgar una nueva Constitución para Jalisco, acusó, no es el clamor del pueblo, sino los deseos de un grupo pequeño de políticos con un interés determinado.
“En Jalisco, los ciudadanos están demandando la aplicación de un Estado de Derecho, no una nueva Constitución. No hay clamor social por una nueva Carta Magna, sino que se respeten los derechos de todas y todos. Lo que se observa es una estrategia política, no tanto para dar más facultades al gobierno, o más derechos a los ciudadanos ante el poder, sino para legitimar la Refundación del Estado de Jalisco. Esta nueva Carta Magna, será elaborada por una coalición política, no por una coalición ciudadana, con la pretensión de arropar al gobierno estatal, ante el gobierno federal”.
De esta forma, la Iglesia católica alertó que lo que pretende Enrique Alfaro y su grupo político no es la representación social y la defensa de los jaliscienses, sino hacer frente al régimen federal que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
“A nivel nacional, el presidente desea cambiar el artículo 19 constitucional que amplía el número de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, lo cual se decreta contra una persona al momento de iniciarse un proceso penal; en otras palabras, prisión sin sentencia. Con este cambio a la Constitución, ser señalado como sospechoso por una autoridad, o por una llamada anónima, hace susceptible a un ciudadano a ser encarcelados hasta que un juez dicte sentencia”, agrega la postura de la iglesia ante los cambios que a su vez se hacen a escala federal.
La postura de la iglesia es contundente en torno a los cambios en ambas constituciones, no sólo a escala local, en el caso de Jalisco, sino también en la nacional: decisiones mal enfocadas.
“La idea que tiene el presente gobierno de la Constitución, lo expresa el secretario de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana: En otras circunstancias del país yo me hubiese opuesto, pero en las actuales circunstancias de emergencia nacional, necesitamos estar dotados de un marco jurídico que nos permita eficientar el trabajo de los cuerpos de seguridad; actualmente hay rendijas que pueden ser utilizadas para poner en libertad a criminales que representan riesgos para a la sociedad. Cuando hay arrestos es posible que se amparen”.
Según el editorial del órgano de comunicación de la arquidiócesis, ambos cambios son en detrimento de la sociedad.
“Está pidiendo sacrificar derechos para compensar la ineficiencia institucional. En vez de propuestas para mejorar las instituciones civiles actuales, se argumenta por la inclusión de la presunción de culpabilidad (ante la puesta en marcha de la guardia civil y los cambios en el artículo 19 para dictar prisión oficiosa)”.
Y siguió: “En este nuevo proyecto de seguridad, las detenciones estarán a cargo de los militares y marinos. Esta reforma pone a los ciudadanos en bandeja de plata ante la Guardia Nacional. Entre la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, se opta por considerarlos culpables.
Restringir derechos cambiando la Constitución no dará mayor seguridad a la ciudadanía; sólo facilitará la incompetencia y hará más vulnerables a las personas ante los abusos de poder. Hoy ser ciudadano, significa defender la Constitución. El poder político no debe hacer de la emergencia, la excusa para restringir las libertades”.
De esta forma, la iglesia llamó ambos regímenes a la cordura y al contacto con la ciudadanía para que cualquier cambio que se haga, se certero y vaya en realidad de la mano con el clamor social y no con intereses políticos y de grupo.
