Es lo que pedían taxistas desde hace dos años, explica líder de la FROC-CROC
Son viables las medidas contra el transporte ejecutivo, pues la autoridad había sido permisiva con ellos, a diferencia de con los taxistas, a quienes les exigieron antigüedad, cursos y otros requisitos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Las acciones implementadas por la autoridad estatal en Puerto Vallarta para regular el desorden suscitado por las Empresas Redes de Transporte (ERT) como Uber o Cabify es un buen inicio para controlar a estas plataformas, consideró Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la FROC-CROC.
A finales del mes pasado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció que por el desorden que persiste en Puerto Vallarta se revocarán los permisos de dos plataformas digitales y una de transporte de doble piso, que fueron otorgados el año pasado por la anterior administración.
Ante esto, Álvarez Esparza reconoció la voluntad del actual gobierno estatal por entrarle a regular de fondo un tema que ha traído constantes y severas complicaciones a taxistas, por la competencia desleal que han significado desde que entraron al estado.
“Extraordinario, creo que el gobierno del estado está regresando a la petición inicial que hicieron los taxistas hace ya dos o tres años, en el que se condicionaba por parte del gremio de los transportistas de taxis, que si entraban las plataformas no se cobrara en efectivo, no lo hicieran encimándose los servicios. Creo que con esto es un buen inicio para regresar a controlar las plataformas a efecto de que cumplan con su deber, que es un servicio ejecutivo y nada más”.
La disputa entre taxistas y choferes de transporte ejecutivo no es nueva, por ello Álvarez Esparza calificó como viable las medidas en contra de las ERT por cómo la autoridad ha sido permisiva con ellos a diferencia de con los taxistas, a quienes les exigen cursos y demás aspectos para que transiten con regularidad en el estado.
“A los taxistas les exigen infinidad de reglas, de normas, tienen que estar pagando infinidad de cosas, total, están sobre regulados, en tanto que las plataformas no tienen ninguna regulación. Si uno quiere se taxista tiene que pasar un curso que cuesta más de mil pesos, tiene que tener su automóvil revisiones, tiene que tener ciertos modelos, y hemos pagado no menos de 30 millones de pesos de los taxistas al erario estatal durante estos últimos años, y sin embargo, Uber quién sabe cuánto pague, quién sabe cuánto pagan las plataformas y si pagan”.
Si bien los taxistas que subsisten en Puerto Vallarta no están afiliados con ellos, el líder sindical explicó que la afectación al gremio ha sido tal que alrededor del cuatro o cinco por ciento de taxistas han tenido que dejar sus unidades para sumarse a algunas ERT como Uber o Didi.
El desplazamiento de taxistas se ha dado paulatinamente –consideró- que las medidas del gobierno estatal son adecuadas para iniciar con todo el proceso de regulación, aunque se mostró a favor de una contra reforma a lo que se le dio a Uber para solucionar el problema.
“Simplemente con una contra reforma lo vamos a decir. La reforma que le dieron a Uber, con todas las potestades para hacer lo que le da en gana, es una reforma coyuntural, que esa coyuntura ya no existe en este momento y debe de ser revocada como decisión del propio legislador”.
