“Que Alfaro dé la cara y no mande amagarnos”
Les condicionaron su recontratación a cambio de que no hablen con los medios de comunicación sobre cómo se están dando las cosas al interior de la nueva Coordinación de Asistencia Social
Por Rafael Hernández Guízar
Ex trabajadores del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) denunciaron ayer que en el gobierno del estado les condicionan su recontratación y liquidaciones para que no hablen con los medios de comunicación.
Se trata de una advertencia que se les hizo a los 300 trabajadores que laboraban en el extinto IJAS para no revelar información en torno a su despido: “Pues sí, no hay una postura oficial, lo que sí hay es una advertencia de que quienes habláramos con los medios de comunicación que no íbamos a ser considerados para seguir trabajando en la coordinación”, dijo ayer en entrevista con Página 24 la psicóloga Alba Villanueva, adscrita a la Unidad Asistencial de Personas en Situación de Indigencia (UAPI) ubicada en la calle Emilio Barraza, donde se les brindaba atención psicológica, médica y humanitaria en general a quienes vivían en las calles.
“Llegaron y nos dijeron que se había acabado, dejándonos sin oportunidad de objetar, habíamos quienes teníamos años ya trabajando en el organismo, incluso basificados y personas con contrato (…). No se nos ha dicho a la mayoría nada sobre si nos va a liquidar o vamos a ser recontratados”, dijo.
Y es que a decir de la ex funcionaria estatal, fue el reacomodo de la administración estatal actual a cargo de Enrique Alfaro Ramírez, que dio de baja al IJAS y otras secretarías para fusionarlas todas en una sola Coordinación de Asistencia Social lo que causó esto, y que pone en peligro no sólo a los empleados por la incertidumbre laboral a la que se enfrentan, sino también a sus familias por no contar con el sustento para su manutención.
Ayer mismo, montaron una rueda de prensa en las afueras de la UAPI al filo de las 3 de tarde ex empleados que exigieron respuestas inmediatas al gobernador Enrique Alfaro, al que también pidieron claridad en torno a la prestación de servicios como los que ellos otorgaban a la ciudadanía, puesto que más de 200 personas que acudían habitualmente a la UAPI para ser atendidos han quedado sin los tratamientos, incluso sin medicamentos varios pacientes que sufrían de trastornos mentales y enfermedades degenerativas como la diabetes.
Ayer mismo, constó por los ex empleados la latente amenaza que pesa sobre ellos según relataron acerca de no revelar información a los medios de comunicación so pena de no ser liquidados e incluso recontratados en algún espacio de la coordinación, algo en lo que hicieron énfasis para que el gobernador Enrique Alfaro se pronuncie al respecto, y así se les dé certeza laboral y no se violen sus derechos humanos.
