Dan luz verde a ley para regular guaruras

Que ahora sí habrá “estrictos controles” para que uniformados cuiden funcionarios

También, diputados aprobaron sanciones para quien haga mal uso de esta protección o que ésta se otorgue a alguien a quien no debería tenerla, desde lo económico hasta ocho años de prisión, al ser equiparado con el delito de abuso de autoridad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Se dijo que con la Ley del Servicio de Protección para el Estado se pretenderá regular y topar la asignación de escoltas para funcionarios, ex funcionarios y particulares, pues los servicios de guaruras se darán previo dictámen técnico/Foto: Archivo Página 24

Se dijo que con la Ley del Servicio de Protección para el Estado se pretenderá regular y topar la asignación de escoltas para funcionarios, ex funcionarios y particulares, pues los servicios de guaruras se darán previo dictámen técnico/Foto: Archivo Página 24

En un segundo intento, diputados locales aprobaron en sesión extraordinaria la Ley del Servicio de Protección para el Estado, con la cual se pretenderá regular y topar la asignación de escoltas para funcionarios, ex funcionarios y particulares.

Con algunos posicionamientos en contra de diputados del PRI y del PAN, quienes advirtieron que transparentar el número de escoltas o guaruras con los que contarán los funcionarios no hará más que ponerlos en riesgo, la propuesta impulsada por los emecistas Héctor Pizano Ramos y Priscilla Franco se avaló.

De acuerdo a lo aprobado y la justificación de los proponentes, se eliminará la discrecionalidad, al sujetar la asignación de escoltas a un dictamen técnico emitido por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se precisarán horarios, equipamiento, cantidad de vehículos y elementos asignados.

“El día de hoy no hay un solo parámetro para asignar (escoltas) ni los que están en funciones, ni a los que están fuera de las funciones. Y eso creo que es lo que no se puede permitir. Estábamos viendo que actualmente en estas funciones están asignados casi 700 elementos, sin que los ciudadanos quienes reclaman seguridad tengan un elemento”, expuso Pizano Ramos.

En el caso de ex funcionarios, la propuesta establece que podrán acceder a protección del estado durante el mismo periodo en el que desempeñaron sus funciones. Mientras que quien haya sido gobernador o fiscal general tendrá derecho a la protección de hasta 18 guaruras y dos vehículos blindados; el secretario de Seguridad Pública 10 y dos vehículos; y fiscales especiales así como secretario General de Gobierno, hasta cuatro elementos y un vehículo.

También, y de acuerdo a Pizano Ramos, se establecen sanciones para quien haga mal uso de esta protección o si se otorga a alguien a quien no debería, desde lo económico hasta ocho años de prisión, equiparado en el delito de abuso de autoridad.

Además, se plantea que no sólo el gobernador, el fiscal o el titular del Poder Judicial tendrán derecho a esta protección, sino que también serán sujetos a la misma, titulares de dependencias municipales, de organismos constitucionales autónomos, líderes de OPDs, así como personas físicas o jurídicas que así lo acrediten con previo dictamen técnico y una declaratoria de protección.

“Se establece que quienes están hoy en una asignación deberán de reportarse en los siguientes diez días a su adscripción, para que ahí se determine la circunstancia que tendrán a partir del día de mañana, conforme a los plazos y las condiciones que, insisto, en cada dictamen serán diferentes”, agregó el diputado.

 

Publicado en: Página 24 Jalisco

Comparta Esta Información en: