Funcionarios y ex funcionarios tendrían que certificar la necesidad del servicio
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La iniciativa contempla meter orden en el servicio de guaruras que prestan las distintas corporaciones de seguridad a trabajadores y ex trabajadores del gobierno, explicó Héctor Pizano, legislador emecista/Foto: Archivo Página 24
Diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) impulsarán una iniciativa para regular el servicio de guardaespaldas, establecer los costos para la prestación de este servicio y sancionar a quienes no respeten las funciones del escolta.
Con el objetivo de regular un tema que hasta la fecha se usa a discreción y en vista de que en la pasada legislatura no se concretó una iniciativa similar, los emecistas Priscilla Franco, Héctor Pizano y Salvador Caro presentaron la propuesta de ley que busca regular, mediante un dictamen o certificación de necesidad real, todas las asignaciones de escoltas a funcionarios, ex funcionarios, particulares y sus familiares, así como la gratuidad o no del servicio.
“La Ley del Servicio de Protección para el Estado y sus Municipios pretende controlar la asignación de oficiales para funciones de guardaespaldas, tanto para funcionarios, ex funcionarios, particulares y sus familiares; certificar la necesidad o no del servicio, así como el costo o exentarse del mismo. De no cumplirse con el fin de esta ley, habrá sanciones”, explicó por su parte Pizano Ramos.
La propuesta también incluye reformas al código penal, la Ley de Austeridad y Ahorro, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley de Sujetos Protegidos de manera complementaria, a fin de lograr mayor control en un tema en el que existe poco orden.
De aprobarse la propuesta, se instituiría el Servicio de Protección Estatal, adscrito al comisionado de Seguridad Pública, como la instancia técnica y operativa responsable de certificar a los escoltas públicos; así como emitir los dictámenes técnicos y las declaratorias de protección, estableciendo el nivel de riesgo, la temporalidad y el costo de la prestación.
También, se elaboraría un Padrón Estatal de Escoltas donde conste que los oficiales están capacitados y certificados. También, de acuerdo a emecistas de avanzar la iniciativa se tendría un impacto presupuestal positivo, ya que en la Ley de Ingresos del Estado se establecería la tarifa por certificación y costo del servicio prestado por elementos operativos y de seguridad privada que desempeñen funciones de escolta.
La iniciativa también contempla sancionar como delito de abuso de autoridad las conductas abusivas en contra de los guardaespaldas.
