Se deben combatir intereses, concuerdan especialistas
El Sistema Nacional Anticorrupción enfrenta resistencias políticas e inercias burocráticas que han frenado su avance, señaló el doctor Mauricio Marino Huerta, durante el vigésimo tercer Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 2018, que tiene lugar en el CUCEA.
Merino Huerta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), participó, junto con otros especialistas, en el panel “El nuevo régimen de combate a la corrupción en México: visión a partir de la fiscalización superior”.
“Este sistema está enfrentando resistencias políticas. Se ha enfrentado a la captura de los puestos públicos y a la necedad de que los magistrados o los funcionarios públicos o las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana han de responder a ciertos intereses políticos, eso es una necedad. Tanto, que no hay fiscal anticorrupción porque la política lo ha impedido, y tampoco se han nombrado magistrados de lo administrativo por la misma razón”, subrayó.
“Y en segundo lugar, se está enfrentando a las inercias burocráticas –abundó–, la gente aprende a hacer ciertas cosas y luego las repite y no acaban de darse cuenta de que cambió la jugada constitucional y legal. No se dieron cuenta porque esta reforma no emanó de las oficinas públicas, sino que vino de la academia y de la sociedad civil. Como no fue su reforma, no acaban de entenderla”.
Recordó que de las últimas grandes reformas constitucionales del siglo XXI se ha derivado un amplio abanico de leyes generales, federales y locales que obligan a las autoridades a considerar distintos aspectos como documentar todo acto, registrar todo gasto, justificar y explicar las decisiones; archivar, publicar y crear sistemas de inteligencia institucional para corregir procedimientos proclives a la corrupción, y ejercer transparencia proactiva, entre otras. Esto no se hace de forma completa en las instituciones, dijo.
Los compañeros de las auditorías “deben quitarse la cachucha de policía. No son policías, dejen de estar persiguiendo para ver a quién castigan, a quién pescan, a quién someten. Eso es un grave error que se ha venido cometiendo en el pasado. Su labor no es perseguir, su labor es corregir, detectar lo que del sistema que acabo de enunciar no funciona para generar lo que llamamos inteligencia institucional”, apuntó Merino Huerta.
Por su parte, el auditor superior del Estado de Jalisco, doctor Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, realizó un recorrido histórico sobre la materia de fiscalización superior desde Confucio, hasta la Declaración de Lima de 1977, en la que los países participantes se pronunciaron por la autonomía técnica y de gestión de los organismos que auditan.
“Porque los órganos de fiscalización no pueden aspirar a revisar el poder si no tienen distancia o son ajenos al Poder Ejecutivo”, aseguró Ortiz Ramírez.
El Director de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, maestro Edgar Estuardo Gómez Morán, ponderó la valía de que se realicen estas evaluaciones de desempeño en las dependencias públicas.
“La finalidad no es detectar desvíos o irregularidades, sino emitir recomendaciones. La contribución de estas revisiones es mejorar el entorno organizacional”, subrayó.
