En Jalisco hay 0.3% de probabilidad para esclarecer delitos
El escaso personal ministerial y policial tiene enorme carga de trabajo, explicó el aspirante a ocupar el cargo de fiscal general de Jalisco; también el resto de los candidatos presentó sus propuestas ante el CPS del Sistema Anticorrupción
Por Francisco Andalón López
Jalisco se encuentra en último lugar nacional en efectividad de investigación, con un promedio de 0.3 por ciento de probabilidad de que se esclarezca algún delito; una de las razones para estas cifras negativas es porque se ubica en el sexto lugar de los estados con mayor carga de trabajo y con menos personal ministerial y policial para atender los lineamientos del sistema de justicia penal adversarial.
Este análisis forma parte del diagnóstico que realizó Gerardo Octavio Solís Gómez, candidato a fiscal general de Jalisco y que presentó como parte de su programa de trabajo al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE).
Para mejorar esta situación, se prevé la contratación de más personal, que la estructura orgánica esté alineada con el sistema penal, que se cuente con una estadística confiable que contenga geo referenciación de delitos y mapeo criminal, que se aumente la efectividad en la resolución de las carpetas de investigación además de aumentar el personal que se encuentra en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para evitar que se repita un escándalo como el que se dio a conocer en septiembre pasado con el “tráiler de los muertos”, entre otros.
En el caso de Rodrigo Lazo Corvera, otro de los aspirantes a fiscal según la terna presentada por el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, pretende “lograr una fiscalía que cuente con todos los recursos, instrumentos y capacidades necesarias para lograr una procuración de justicia de calidad y a la altura del reto que implica la situación de inseguridad, corrupción e impunidad que impera no solo en Jalisco, sino en muchos estados de nuestro país. A su vez será prioritario establecer mecanismos que privilegien y garanticen el acceso a la justicia de los ciudadanos jaliscienses, de la mano del respeto y salvaguarda de los derechos humanos para acabar con la impunidad y la injusticia en el estado”.
Para ello propone algunos principios, como el de autonomía, lealtad, legalidad, profesionalismo, probidad, respeto a los derechos humanos, imparcialidad, objetividad y debida diligencia, eficiencia, buscando siempre la protección del inocente, que el culpable no quede impune y que ante todo, la víctima del delito sea reparada el daño sufrido, sea cual fuere el bien jurídico afectado.
En el caso de Salvador González de los Santos, los problemas que tiene esta dependencia es la desconfianza de la ciudadanía, alta percepción de inseguridad, falta de vínculos con la sociedad, alta rotación de personal técnico y operativo y una elevada carga de trabajo, así como una escasez de recursos económicos.
Para subsanar estas fallas, se pretende un funcionamiento real de una Unidad Especializada en materia del Delito de Tortura que se creó pero no funciona; crear y operar el Registro Estatal del Delito de Tortura; creación del Sistema Integral de Protección de Personas que intervienen en el Proceso Penal.
Además de la creación de una oficialía de partes única en la que se reciba cualquier documento dirigido a la institución, evitando así la burocratización y que se envíe al ciudadano de un edificio a otro señalando que no se es competente para recibirlo por no corresponder al tema que ahí se trata; reducción en el tiempo medio para la recepción de denuncias (máximo 45 minutos) y creación de mínimo 16 unidades de Justicia Alternativa, una en cada distrito, entre otras.
Se prevé que hoy a partir de las cinco de la tarde, esta terna comparezca ante los integrantes del Comité de Participación Social en las instalaciones del Colegio de Jalisco.
