Diputados de MC impulsan ley de remuneraciones
Se pretende que ningún funcionario perciba más ingresos que su superior jerárquico; además, se establecen sanciones contra quienes infrinjan esta ley
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Salvador Caro Cabrera y Augusto Valencia, diputados de MC, señalaron que la intención de esta propuesta es regular las remuneraciones que reciben funcionarios, y establecer sanciones penales por pagos indebidos/Fotos: Francisco Tapia
Con el objetivo de incentivar ahora sí en el estado que ningún funcionario público gane más que su superior jerárquico, diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) impulsarán la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios.
En rueda de prensa, los legisladores Salvador Caro Cabrera y Augusto Valencia, acompañados de Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, hablaron de la propuesta con la que buscarán regular las remuneraciones que reciben funcionarios, así como establecer sanciones penales por el pago y recibo indebido de las mismas.
Recalcaron la importancia de aprobar una iniciativa que se homologará a lo avalado en el Senado de la República en septiembre del año pasado, pues en la actualidad consejeros y magistrados ganan más que el Gobernador del Estado.
“La Ley de Remuneraciones contiene 16 artículos, que establecen un tope máximo al salario del gobernador, donde la remuneración bruta anual del titular del Poder Ejecutivo del estado, incluyendo todas las prestaciones, no podrá ser superior al equivalente a 62 salarios mínimos diarios, multiplicados por 365”, expresó Valencia López.
Detalló además que las remuneraciones brutas de los servidores serán determinadas en los respectivos presupuestos de egresos, y que las conductas que no cumplan la norma podrán ser perseguidas y sancionadas.
“La Auditoría Superior del Estado de Jalisco podrá iniciar procedimientos para fincar responsabilidad administrativa sancionatoria, así como imponer las sanciones respectivas y presentar denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político”.
Agregó que las sanciones administrativas se interpondrán conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas; habrá resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública; y se podrá alcanzar la suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación hasta por 20 años.
En cuanto al pago y remuneraciones indebidas sin reportarlo dentro de los 20 días de haberlo autorizado o recibido, el funcionario podrá ser acreedor a multas que irían desde los 2 mil 418 pesos hasta los 241 mil, y de 3 meses a 14 años de prisión según la gravedad.
