Hasta podría ser apología del delito: Francisco Jiménez
El conflicto con la norma estatal podría generar un conflicto que vaya en detrimento de la ciudadanía, explicó el experto en derecho constitucional
Por Rafael Hernández Guízar
De acuerdo con Francisco Jiménez Reynoso, especialista en derecho constitucional, “ese reglamento es algo que va en contra del Código Penal del Estado de Jalisco”; y recordó que un reglamento está por debajo de una ley estatal/Foto: Archivo Página 24
La reforma aprobada del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara respecto a que las personas puedan tener relaciones sexuales en la calle sin ser molestados, contraviene el Código Penal y podría ser una apología del delito, aseguró ayer Francisco Jiménez Reynoso, catedrático de la UdeG.
En entrevista con Página 24, el también doctor en derecho constitucional indicó que se trata de una reforma a escala local –sólo en la capital jalisciense– que se contrapone a un código estatal, algo que genera un conflicto que podría ir en detrimento de la ciudadanía.
“Se había propuesto como algo que podría combatir la corrupción de algunos policías que llegaban cuando se daban esos encuentros y mi reconocimiento a todos los policías porque hay muy buenos policías, la mayoría (…), pero ese reglamento es precisamente algo que va en contra de un código estatal, el Código Penal del Estado de Jalisco y un reglamento, si recordamos está por debajo de una ley estatal”, dijo asegurando que lo legislado en el municipio de Guadalajara es la entrada para la comisión de un delito.
Dijo que según el código penal, sostener relaciones sexuales en la calle tiene repercusiones no sólo como una falta administrativa, sino que es también una conducta antijurídica tipificada como un delito en contra de la moral y que se ubica en el artículo 135 del código penal de Jalisco.
Resaltó que tras esta contradicción, se debe ser cauteloso ya que si bien la reidora tapatía que impulsó dicha reforma, Guadalupe Morfín trató de hacerlo justificada en el respeto a los derechos humanos –según lo adujo en su momento–, es también una contradicción a los derechos humanos de los menores, algo que según la Constitución mexicana el mayor ordenamiento legal en el país, va en contra también del interés superior de la niñez, algo tutelado como parte de una política pública que debe ser la piedra angular de cada administración en sus distintos órdenes de gobierno.
