Con amenazas de muerte y actos vandálicos
Al menos 14 integrantes del ejido Las Coronas habrían sido despojados de sus parcelas por parte de Susana Romero y su esposo, Kenneth Pharris: “Nos están dando de baja para poner a los hijos de gringos”, afirman los afectados, quienes critican que sus denuncias no prosperan, porque las autoridades están coptadas
Por Gloria Reza
En Tizapán El Alto, una pareja de estadounidenses ha comprado alrededor de 400 hectáreas del ejido Las Coronas, valiéndose de los mismos métodos: amenazas de muerte o encarcelamiento, esto en complicidad con autoridades municipales, agrarias/Foto: Cortesía
(apro).– Con la presunta complicidad de autoridades municipales y agrarias, una pareja de estadounidenses ha cometido diversas tropelías contra campesinos del ejido Las Coronas, ubicado en el municipio de Tizapán El Alto, para despojarlos de sus tierras y construir ahí un campo de golf.
Una de las víctimas, Miguel Moreno Grimaldo, fue encarcelado junto con su esposa por falsas acusaciones de la pareja. También lo amenazaron con asesinar a uno de sus hijos y, además, acabaron con su ganado, sin que autoridad alguna ponga freno a las arbitrariedades de los estadounidenses.
Desde el 25 de octubre de 1994, Moreno y cinco integrantes de su familia adquirieron la parcela número seis del ejido Las Coronas, con una superficie de 51.6 hectáreas. Sin embargo, a partir de 2007 inició el acoso por parte de Susana Josefina Romero Jiménez y su esposo, Kenneth Pharris, para forzarlo a vender. Con amenazas de muerte hacia su persona, de manera paulatina se fue deshaciendo de sus tierras.
Funcionarios de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria no fueron ajenos a los hechos, y finalmente avalaron la cesión de derechos de la propiedad.
De acuerdo con el afectado, los visitadores de la Procuraduría Agraria, Odón Toro y José Guadalupe, cuyos apellidos no recordó, son testigos de que Susana Romero cuenta con una carta-poder que le entregó el presidente del ejido, Juan Gálvez Mendoza, para que ella tome la batuta en las sesiones del comisariado.
La pareja de estadounidenses, detalla, ha comprado alrededor de 400 hectáreas, bajo los mismos métodos: amenazas de muerte o encarcelamiento.
Y a pesar de que el denunciante ha solicitado el apoyo del presidente municipal de Tizapán El Alto, José Santiago Coronado, en los dos periodos en que ha ocupado el cargo, éste simplemente se ha cruzado de brazos. Incluso –dice– no ha reparado la brecha que conduce a Las Coronas, porque Susana Romero “no se lo permite”.
Denuncia por intento de homicidio
El 14 de octubre de 2015, Miguel Moreno presentó una denuncia en la agencia del Ministerio Público número 1 de Chapala por intento de homicidio en contra de su hijo Héctor Eduardo Moreno Aréchiga, en el que presuntamente estaría involucrada Susana Romero, su esposo y otras tres personas.
En la querella precisa que, tras venderle su propiedad a Susana Romero, no se concluyó el proceso, porque aún faltaba que los títulos le fueran transmitidos de manera formal ante la delegación de la Procuraduría Agraria, pero la mujer presentó una denuncia (averiguación previa 99/2015) ante el agente del Ministerio Público por el delito de despojo.
Poco antes, el 9 de junio, el juzgado penal de Chapala giró orden de aprehensión (proceso 135/2015-C) contra Miguel Moreno, su esposa, Dorotea Aréchiga Rodríguez, y el hijo de ambos, Miguel Ángel. Sólo los esposos fueron capturados. Quedaron libres tras pagar una fianza de 20 mil pesos. Al concluir el trámite la mujer se desistió de la demanda.
“Desde que conocí a la ahora denunciada Susana Romero he sido objeto de amenazas de muerte, manifestándome que ella conoce a los de ‘La Plaza’ de Tizapán El Alto y que no descansará hasta ser dueña de mis tierras, así como me ha causado diversos daños como muerte a diversos animales”, señala Moreno en su querella.
Y recuerda que el 24 de septiembre de 2015 Romero le llamó para decirle que le cediera “la totalidad de mis tierras”, porque si no lo hacía “me iba arrepentir”. Dos días después, el 26 de septiembre, cuando su hijo Héctor circulaba en una cuatrimoto por la carretera Guadalajara-Zamora, unos sujetos le marcaron el alto y le propinaron brutal golpiza que lo tuvo al borde de la muerte.
El muchacho estuvo en terapia intensiva en el hospital privado Puerta de Hierro Sur, porque autoridades de Protección Civil municipal se encargaron de cerrarle la puerta en hospitales públicos. La cuenta alcanzó un millón de pesos.
Moreno ha pedido que la averiguación previa (número 2764/2015) no se envíe al agente del Ministerio Público de Tizapán El Alto, ya que ese funcionario “es manipulado por la ahora denunciada”.
Según la versión de Flores, Héctor cayó de la cuatrimoto y se le destrozó el cráneo. Sin embargo, cuando fue atendido en el nosocomio privado, el médico tratante aclaró al padre de la víctima que había sido golpeado en el cráneo con un tubo.
Cuenta Moreno Grimaldo que al día siguiente de que su hijo ingresó al hospital, Fernando Flores apareció junto con un malandrín. “Pretendían rematar a mi hijo”, afirma.
Otras denuncias
En 2008 Moreno presentó una denuncia (averiguación previa 1885/2008) por daños y amenazas contra Susana Romero y sus medios hermanos, Jesús y Antonio Moreno Rocha. Los tres se presentaron a declarar ante el agente del Ministerio Público de Tizapán El Alto.
La mujer dijo que en diciembre de 2006 compró a Miguel Moreno, a nombre del Institute In Basic Life Principals (IBLP) –”una institución de huérfanos y escuelas públicas, así como seminarios de salud”, según dijo–, 17 hectáreas a Santos Degollado.
En su sitio web, el IBLP se presenta como un instituto “dedicado a dar capacitación sobre cómo encontrar éxito al seguir los principios de Dios que se encuentran en las Escrituras”.
Según Susana Romero, Miguel accedió a venderle parte de sus terrenos “porque no tenía dinero para el cumpleaños de su hija” y debido a que a “cada rato tenía vacas muertas”. Aseguró: “Yo nunca le he amenazado en nada”, y dijo que tampoco había hecho daño a su ganado.
Por su parte, Jesús Moreno declaró que desconocía si el ganado había muerto o si le habían cortado el alambrado de sus cercas a Miguel, y mucho menos si Susana “lo ha estado hostigando telefónicamente para que le venda los predios”. Sostuvo que su medio hermano se apoderó de una parte de su terreno “y de ahí comenzó el conflicto”, por lo que esperan una resolución de la Procuraduría Agraria.
Antonio, el otro medio hermano, negó que hubiera participado para cortar el cercado o matar el ganado de Miguel, sólo admitió que vendió un terreno a Susana.
El 14 de febrero de 2011, Miguel Moreno presentó una denuncia similar (averiguación previa 494/2011-2), pero ahora ante la Delegación Regional de Justicia zona 4 de la Región Ciénega, correspondiente a Ocotlán, por daños a su propiedad y amenazas de muerte.
Explica que Antonio Moreno y su esposa, Guadalupe Olivares, “me dicen que si no dejo los terrenos”, Susana “tal vez no me mate, pero los que están detrás de ella sí”.
En su querella detalla que ha sido intimidado por sujetos armados que lo persiguen por el pueblo.
Meses después, el 1 de noviembre, presentó otra querella por los mismos delitos. Ninguna de las denuncias prosperó.
Autoridades sordas
Miguel Moreno Grimaldo no es el único que ha sido afectado en su patrimonio, al menos 14 integrantes del ejido Las Coronas habrían sido despojados de sus parcelas por parte de Susana Romero, en complicidad con Antonio Moreno, en su calidad de comisariado.El 29 de abril de 2014, los afectados presentaron escritos ante el entonces fiscal central, Rafael Castellanos, y el delegado de la Procuraduría Agraria, Gonzalo Moreno –actual presidente del Partido Encuentro Social en Jalisco–, para informar que cinco personas que ya no son ejidatarios ocupan cargos dentro del comisariado. En ese sentido, pidieron una depuración del padrón ejidal y una investigación. Nunca obtuvieron respuesta.
Cuatro años después, el 24 de abril de 2018, 43 de los afectados presentaron un escrito al delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Jalisco, Rafael Alcaraz, para impugnar la asamblea del 14 de marzo de 2018, puesto que Susana Romero impuso a personas que no son ejidatarios para formar parte del comisariado.
Susana Romero, dicen, forma parte de la mesa directiva y cuenta con una carta-poder del comisario, Juan Gálvez, cuando para ese cargo fue elegido Antonio Moreno Chocha.
“Nos están dando de baja para poner a los hijos de gringos”, afirman los afectados.
A la fecha, el delegado del RAN no ha dado una respuesta.
