A pesar de que el delito había prescrito en el estado norteño
Por Jaime Ramírez Castillo
El Juez Noveno de lo Criminal, Jaime Gómez, habría mandado a la cárcel a una mujer por un delito prescrito en Sonora, debido a un presunto fraude que el esposo de la mujer realizó con su empresa camaronera/Fotos: Especial
Todos los mexicanos tenemos la garantía de no ser juzgados dos veces por el mismo delito, pero para una señora de 45 años de edad parece que esa garantía jamás existió.
Una mujer terminó empantanada en los dos sistemas de justicia penal, el inquisitorio y el nuevo, violando así sus garantías como ciudadana de éste país.
La señora Alejandra Torrecillas Burrola, de 45 años, se encuentra detenida en el reclusorio femenil de Puente Grande Jalisco, al ser acusada del delito de fraude específico y amenazas, en donde el Juez Noveno de lo Criminal del primer partido judicial (el sistema tradicional o inquisitorio) le fue girada una orden de aprensión bajo el expediente 103/2017_A.
La persona privada de su libertad fue detenida en la ciudad de Hermosillo Sonora, por parte de los agentes de las Fiscalías de Sonora y Jalisco, después fue trasladada a Guadalajara en donde le señalan sus delitos.
La defensa de la quejosa, al ser informados de los delitos por los que era acusada la mujer, estableció que los delitos no son considerados como graves (amenazas y fraude especifico), por lo tanto solicitó que enfrentara su proceso en libertad, pero este derecho le fue negado por parte del Poder Judicial de Jalisco, argumentando que no era posible dejarla libre porque la acusación de las amenazas, al ser considerada una persona peligrosa.
El problema inició cuando el esposo de Alejandra Torrecillas, Gustavo Adolfo Galaz Ruiz, tuvo la idea de realizar un negocio, el cual consistía en comprar alimento para la crianza del camarón a la empresa VIMIFOS S.A de C.V, para su propia empresa Acuícola México S.A de C.V.
Debido a que la Acuícola tuvo un alza en la producción del marisco, solicitó una ampliación de crédito a Vimifos para poder estar a la altura de la alta demanda que tenían en el año 2010.
Pero para la desgracia de la empresa Acuícola, uno de los bancos de camarones que estaban en crianza tuvo una enfermedad conocida como “La Mancha blanca”, ocasionando que la especie marina muriera, perdiendo todo el dinero invertido y, con ello, la posibilidad de pagarlo.
De esto se derivaron juicios civiles en donde los representantes de Vimifos exigieron el pago del contrato o de lo contrario embargarían más de una decena de fincas que fueron dejadas en garantía, por la empresa de crianza de camarones, además que tampoco pudieron pagarles a sus trabajadores por los sueldos caídos, en los años 2010 y 2011.
Los convenios de carácter civil se firmaron en la ciudad de Hermosillo y Cajeme Sonora, pero determinaron que esta figura de lo civil se sometería a los tribunales del estado de Jalisco.
Obviamente que, al no pagar el adeudo, llevaron a cabo un convenio de pagos, pero la mala racha de Gustavo Adolfo lo llevó a no pagar, reavivando el problema.
Los apoderados de Vimifos solicitaron el remate de los bienes que fueron dejados en garantía en el estado de Sonora, pero la empresa tuvo un revés porque las garantías fueron embargadas por la junta local de conciliación y arbitraje, del estado del Norte luego de que los 60 trabajadores demandaron el pago de los sueldos caídos.
Se presume que en venganza los funcionarios de Vimifos levantaron denuncias en Sonora por fraude genérico, en contra de Gustavo Adolfo Galaz, y sus empleados pero el delito prescribió, bajo la averiguación previa 91/2015, de la Fiscalía Sonorense.
No conformes con esto, los abogados de Vimifos, presentaron una nueva denuncia en la Fiscalía General de Jalisco por el delito fraude especifico y falsedad en declaraciones en contra de Gustavo Galaz, de su esposa Alejandra Torrecillas, de sus tíos, primos, cuñados, hermanos y ex trabajadores de la empresa Acuícola, a pesar de que ser los mismos hechos que habían sido denunciados en Hermosillo y no prosperaron.
Para esto se presumen que los litigantes de Vimifos denunciaron ante el agente del Ministerio Público de supuestos hechos ocurridos en Guadalajara en el mes de septiembre de 2017, por amenazas en donde dijeron que Gustavo Adolfo, en compañía de su esposa Alejandra y demás parientes señalados, incluyendo un ex trabajador de Hermosillo de nombre Carlos Eleazar Reyes Lucero, quien está también detenido en el reclusorio preventivo de Puente Grande, se presentaron a las instalaciones de la empresa Vimifos para amenazarlos.
El caso al ser recepcionado por el Juez Noveno de lo Criminal, Jaime Gómez, con autoridad solo en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, se declaró competente por los delitos que ocurrieron en el estado de Sonora, a pesar de que estos fueron desestimados por la propia Fiscalía Sonorense, porque no se ejerció la acción penal.
El funcionario del Consejo de la Judicatura de Jalisco, se extralimitó en sus funciones porque pidió el aseguramiento de fincas situadas en Hermosillo, cuentas bancarias, como nóminas y hasta la pensión del IMSS de uno de los ex trabajadores de la Acuícola, que residen en el estado de Sonora, a pesar de que solo tiene competencia en Jalisco.
Ante la presunción de tantas irregularidades, los desesperados familiares solicitaron la intervención de la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano, del de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval y del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Ricardo Suro Estévez, y presentaron una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que revise el actuar del juez.
