Parece que sus influencias son ciertas: Cladem
Horacio Hernández mantiene su plaza con un amparo para percibir al menos 30 por ciento de su salario, además de que el control interno de la UdeG ha revictimizado a las afectadas y demorado la resolución justa del caso
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres denunciaron irregularidades en el proceso interno que lleva el consejo universitario de la UdeG, en el caso de las alumnas y maestra acosadas sexualmente por Horacio Hernández Casillas/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
Integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), denunciaron irregularidades en el proceso interno que lleva el consejo universitario del CUCSH de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en el caso de las alumnas y maestra acosadas sexualmente por Horacio Hernández Casillas, coordinador y docente de la carrera de Antropología.
Ayer por la mañana en rueda de prensa, acusaron a mencionada casa de estudios de no actuar como debería en la resolución del caso, pues entre las anomalías observadas no solo detectaron que existe conflicto de intereses porque quienes resuelven son allegados al acusado, sino que la oficina del abogado general, Javier Peña Razo, se ha negado a recibirlas en variadas ocasiones.
También, lamentaron la poca sensibilidad mostrada, pues han revictimizado a las denunciantes, al pedirles que recaben y presenten pruebas, cuando ni siquiera les han aceptado documentación completa que integre la carpeta de investigación, en lugar de que las autoridades universitarias hagan la parte que les corresponde.
“Se advierte que la oficina del abogado general se erigió en el tribunal y citaron a las víctimas en condiciones de contraparte, obligadas a recabar pruebas sin que el centro universitario iniciara hasta el momento ninguna investigación que les permitiera allegarse a las pruebas necesarias para denunciar los hechos. De las actuaciones, la poca sensibilidad y cuidado que tuvo la comisión al incluir en el mismo acuerdo dos casos en que se debe de brindar la protección y cuidado a las víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”, señaló Alejandra Cartagena, integrante de Cladem.
Reprocharon lo permisivos que se han mostrado con el acusado, pues aunque fue separado de su cargo como coordinador no fue así de sus funciones de docente, además de que tramitó un amparo para percibir por lo menos el 30 por ciento de su salario por el cargo del que lo retiraron -argumentando que con eso mantiene a su familia-, a pesar de que también cuenta con una plaza de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Esto, sin contar el hecho de que el abogado de la universidad que lleva el caso, ha incluido datos personales y aceptado como pruebas del acusado, publicaciones y fotografías de las redes sociales de las víctimas, mismas que se entregaron con el fin de deslegitimar las denuncias.
Esta situación y la manera en que la Universidad ha manejado el caso, lograron desanimar a otras estudiantes dispuestas a sumar su denuncia, pues “parece que todas las influencias que presume son ciertas”, señala la abogada.
Por ello, exigieron de nueva cuenta que el caso lo atraiga el Consejo General Universitario de la UdeG a fin de evitar cualquier conflicto de interés y una revictimización de las afectadas.
Horas más tarde, la UdeG citó a una rueda de prensa el miércoles para dar a conocer el dictamen de la Comisión de Responsabilidades del CUCSH sobre este caso.
