Con cárcel y multas a quien atente contra su integridad
Los castigos incrementarían a la mitad cuando la conducta la realicen dos o más sujetos pasivos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La intención del diputado emecista Salvador Álvarez es que se castigue a quien abandone, maltrate o explote laboralmente a mayores de 60 años de edad/Foto: Archivo Cuartoscuro
Con el objetivo de garantizar a los adultos mayores el derecho a una vida libre sin violencia, desde el congreso diputado local implementará reformas a fin de que se castigue penalmente a quienes abandonen, maltraten o incurran en explotación laboral a las personas mayores de 60 años.
Además de establecer se implementen políticas públicas determinadas desde el gobierno estatal y municipios para proteger a este sector vulnerable, el legislador emecista Salvador Álvarez García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Jalisco.
La misma establece que a quien por cualquier medio administre, induzca u obtenga beneficio económico a través de la explotación laboral de una persona mayor de 60 años, poniéndolo a trabajar en las calles, vialidades, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le castigue con las mismas penas correspondientes a la “explotación e inducción a la mendicidad”.
Por lo cual, expresó que ello implica penas de 3 a 7 años de prisión así como una multa por el equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo, y de 100 a 500 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Además, las penas de prisión y multas previstas se incrementarán en una mitad, cuando la conducta se realice respecto de dos o más sujetos pasivos, cuando se emplee la violencia física o moral o cuando cometan el delito de manera conjunta tres o más personas.
“Consideramos necesario combatir esta exclusión y actos discriminatorios y de menosprecio hacia estas personas, a través de modificar nuestro marco legal, a efecto de que en nuestro Estado, se castigue y sancione penalmente a quienes abandonen o maltraten adultos mayores”, expresó.
La propuesta implica una modificación al apartado de delitos de peligrosidad social del código penal del estado, para incluir las sanciones específicas para la explotación laboral de menores, personas con discapacidad física o mental, y de adultos mayores.
También y de forma complementaria, presentó dos iniciativas más que pretenden incidir en los programas y políticas públicas, generados desde el estado y los municipios para este sector.
En una, se pide al gobernador el crear un Protocolo Interinstitucional de Atención Integral para este grupo, con el objetivo de que se prevenga, atienda y dé seguimiento a casos de violencia en contra de ellos. La otra propuesta, es para que los municipios elaboren programas que propicien mejores oportunidades para este sector.
