“Es la misma intención que si fuera una de verdad”, acuerdan diputados
Serán de dos a 18 años de castigo a quien robe utilizando “objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas auténticas”, por atentar contra la integridad de las personas
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Ayer finalmente los diputados locales consideraron que sin importar si una pistola es real o hechiza, de todas formas se causan daños morales a la víctima que es amenazada; con esto, las penas para rateros irán de dos a 18 años de prisión, dependiendo de lo robado y de otras agravantes/Foto: Archivo Página 24
El usar una pistola de juguete para cometer un asalto ya será tipificado y castigado como robo calificado al aplicarse la misma sanción como si la acción se realizara con un arma de verdad, así lo aprobaron ayer por la tarde diputados locales en sesión de pleno.
La iniciativa de María del Refugio Ruiz Moreno, diputada tricolor con licencia, fue avalada por 26 votos a favor, y tiene como objetivo incluir la penalización a quien lleve a cabo un robo, utilizando “objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas auténticas”, de acuerdo a las modificaciones realizadas al artículo 236 del Código Penal del Estado de Jalisco.
De acuerdo con la diputada Sofía Valencia Abundis, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales –la cual dictaminó la propuesta– el equipararlo como robo calificado es por los estragos que se provocan en la víctimas ya que de todas formas se atenta en contra de su integridad, y porque la intención del delincuente es la misma al momento de delinquir.
“Lo vamos a aprobar porque es cada vez más recurrente, sobre todo en robos, estén llevando armas de utilería, pero es igualmente la presión a quien van a robar, es igualmente señalable el que estén intimidando a las personas, el que estén amenazando y que el delito se cometa, entonces definitivamente queda tipificado ahí”.
La tipificación en el código penal se da porque es cada vez más recurrente que los criminales usen armas de utilería; los castigos se equiparan al ser igual la presión y la intimidación que los criminales ejercen hacia sus víctimas
Al considerar que sin importar si el arma es real o no de todas formas se causan daños morales a la víctima que es amenazada, con lo aprobado las sanciones podrán ir de dos a 18 años de prisión, dependiendo el monto de lo robado así como de otras agravantes, tal cual se aplica con el robo calificado.
“Está dentro del capítulo de robo, porque se utilizan estas armas de utilería para intimidar o amenazar, sobre todo en negocios públicos, casas habitación o personas, y esto debe ser sancionado porque de cualquier manera es una conducta ilícita, es una conducta que daña la integridad de las personas, y que por lo tanto debe de sancionarse, estamos de acuerdo en eso los diputados”.
En la iniciativa avalada por diputados se argumentó la necesidad es establecer en el marco jurídico jalisciense, los instrumentos legales que hagan frente a la problemática constante, respecto a los robos crecientes y reiterados, en especial con pistolas de juguetes.
Controversia constitucional v.s. acuerdo de distribución de agua con Guanajuato
En otro tema, el presidente de la mesa directiva, el diputado Salvador Caro Cabrera señaló que desde el Congreso local ya se presentó de manera oficial la controversia constitucional que busca impugnar el acuerdo de distribución de agua que existe entre Jalisco y Guanajuato, a través de la presa El Zapotillo.
Lo dio a conocer como parte de su informe de actividades al frente de la mesa, la cual dejará de presidir a final de mes, al señalar que llevar el tema ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es para dejar sin efectos, las decisiones tomadas en gobiernos pasados, particularmente el acuerdo del 2005 firmado entre el ex gobernador del estado Francisco Ramírez Acuña y la Comisión Nacional del Agua.
“El día de hoy (ayer) el Congreso del Estado presentó la controversia para combatir las decisiones que fueron tomadas por gobiernos estatales anteriores, que hicieron acuerdos con el gobierno federal y con el gobierno de Guanajuato, para usar territorio y aguas del estado de Jalisco y enviarlas al estado vecino”.
Cabe recordar que en sesiones anteriores, diputados avalaron iniciar con los procedimientos necesarios para que desde el legislativo se implementara mencionada controversia, a fin de asegurar que el agua de Jalisco se quede en el estado.
“Organizaciones sociales, líderes como don Manuel Villagómez han estado luchando durante muchos años para que se haga justicia en este sentido, y las decisiones en materia de agua sean para beneficiar a todos y no solamente a unos cuantos. Ese es el motivo de la controversia constitucional, y ese es un esfuerzo que nos une a los diputados a favor de Jalisco”, agregó el emecista.
Parte de los argumentos iniciales de diputados ha sido, que en su momento las autoridades estatales violaron las disposiciones legales, al firmar un acuerdo que trascendía su administración sin haber solicitado la autorización del poder legislativo.
