Regidores y alcalde temen que los alcance la justicia: Jorge Carlos Ruiz
Les sobreseyeron recurso que tramitaron por miedo a una acción penal en su contra, por el turbio proceso de licitación de luminarias para el municipio, explicó el presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente
Por Rafael Hernández Guízar
Los miembros del cabildo de Zapopan tramitaron amparo para constatar si había o no procedimientos en su contra, por el corrupto contrato otorgado a una empresa que ganará 20 millones de pesos mensuales durante 18 años, por cambiar y supuestamente dar mantenimiento a 82 mil luminarias del municipio/Fotos: Cortesía y Archivo Página 24
Pablo Lemus Navarro, el presidente municipal de Zapopan, Hiram Torres candidato de Morena a la alcaldía zapopana y regidor del ayuntamiento, así como el cabildo entero estarán bajo la lupa de la justicia federal por desacato en torno a la adquisición de luminarias.
Ayer llegó a nuestra redacción un legajo de la resolución del amparo que tramitó el cabildo entero por “miedo a una acción penal en su contra”, como parte de los procesos que la empresa NL Technologies instauró contra el ayuntamiento tras la designación de la empresa Fortius & Power para hacerse cargo del servicio de alumbrado público en Zapopan con un costo de alrededor de 20 millones de pesos mensuales por 18 años.
“Se sobresee el amparo” señala claramente el documento, ya que no estaba integrado con las pruebas necesarias para señalar que se les habían violado sus derechos según se indica en el expediente donde las autoridades zapopanas indicaban su temor a una detención, al negarse que hubiese acciones en su contra por la misma Fiscalía General del Estado (FGE), se requería de pruebas para sustentar el dicho de los quejosos. Sin embargo, por el desacato del fallo, se dio vista al agente del ministerio público y sí podría haber un proceso en contra de los señalados.
Jorge Carlos Ruiz, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente, informó que se trata de un acto que demuestra la corrupción con la que todos operaban dentro del ayuntamiento.
“Es increíble que los regidores, que el mismo presidente municipal hayan tramitado un amparo de los que conocemos como buscapiés, que no son otra cosa que para darse cuenta de quienes están siguiéndonos un proceso penal y todo porque no hicieron las cosas como se debía, porque por eso es que tienen miedo a que les vayan a ejercitar acción penal, esto es por el asunto de las luminarias que habían contratado de manera ilícita”, sentenció en entrevista con este diario.
“No podemos creer que tengan este nivel, claro que como ya no hay fuero y varios de los señalados son candidatos por eso es que no quieren que se les ejecute ninguna acción penal, porque tienen miedo a que algo pueda pasar, pero deben de cumplir con sus obligaciones y asumir las consecuencias de lo que hayan hecho mal (…). A nosotros llegó información de que en Zapopan no se estaban haciendo las cosas bien y esta es la prueba”, agregó.
Se trata de un amparo que se tramitó por los miembros del cabildo para constatar si había o no procedimientos en su contra que se siguieran en la Fiscalía General del Estado (FGE): “Es increíble que con esto estén de candidatos, que quieran pedir el voto, sobre todo los que son candidatos a presidente municipales como es el mismo alcalde Pablo Lemus y el regidor Hiram, hay además otros que son candidatos a diputaciones y no se vale, por eso nosotros vamos a estar investigando a fondo y a su vez exigimos a las autoridades que investiguen qué es lo que está pasando en este sentido porque es mucho dinero el que se quedó de por medio”.
El contexto
Y es que el pasado 2017, el cabildo zapopano aprobó la posibilidad de contratar a una empresa para que se hiciera cargo del alumbrado público. Se trataba de un total de 82 mil luminarias que supuestamente serían remplazadas por lámparas con tecnología LED, lo cual representaría un cargo al erario de Zapopan por alrededor de 20 millones de pesos mensuales a 18 años.
La licitación fue impugnada por una de las empresas participantes aduciendo que el fallo del comité de adquisiciones había sido tendencioso, por lo cual se tramitaron varios procedimientos, entre estos, juicios de nulidad por los terceros, es decir, las empresas que participaron, tanto la que se había beneficiado del “concurso” como de una de las empresas perdedoras.
Asimismo, hubo denuncias penales que pesan en contra del alcalde y el cabildo.
