“Luis Enrique Razo Jiménez” vende la justicia, denuncian
El juzgador se sobrepasa en sus resoluciones, además de que opera arbitrariamente al esconder, por ejemplo, los libros de gobierno los esconde para que los abogados no puedan verlos, entre otras marrullerías que exigen investigar y sancionar
Litigantes de esta región de Jalisco denunciaron haber sido víctimas de malintencionadas resoluciones, y señalaron al juzgador de condicionar el avance de juicios y la recepción de promociones a cambio de diferentes cantidades de dinero; por esto exigen que la Judicatura lo investigue y en su caso castigue/Foto: Cortesía
Hartos de que nadie los escuche, abogados de Atotonilco El Alto, Jalisco y otras localidades de la región, se dieron cita en el centro de Guadalajara para solicitar el apoyo y la difusión a reporteros de los diferentes medios de difusión, una serie de quejas que se han suscitado contra el titular del juzgado mixto de aquella población, Luis Enrique Razo Jiménez, a quien señalan como responsable de vender la justicia.
En representación de 19 abogados apoyados además con más de 500 firmas de personas que directa o indirectamente se han sentido agraviadas por el Juez, y acompañados por algunas de esas personas, que aseguran haber sido víctimas de malintencionadas resoluciones, así como quienes acusan al juzgador de condicionar el avance de juicios y la recepción de promociones a cambio de diferentes cantidades de dinero, los litigantes y quienes se sienten ofendidos por las actuaciones del juzgador, pidieron que se pongan a trabajar los consejeros y que intervenga en serio el Consejo de la Judicatura y que al menos inhabiliten al juez mientras se le investiga, puesto que hasta el momento los consejeros de este organismo que se supone debe ser el sancionador, el vigilante del buen funcionamiento del Poder Judicial, se han negado a recibir cualquier comentario contra el juez a pesar de que por escrito existen ya cuando menos nueve quejas presentadas, aparte de que en Atotonilco y otras localidades de aquella zona, es un clamor generalizado el que existe, contra la forma de comportarse del juez que ha convertido su oficina en una agencia de cobranzas y de extorsiones.
Hay incluso una denuncia penal en su contra, presentada por el señor Yonathan Hazael Landin Alonso, quien acudió ante el juez para demandar el divorcio, pero el juez le quitó a su hijo de diez años y ahora el mismo juzgador vive con la que fuera esposa de Yonathan. Lo peor del caso es que el niño, de 10 años de edad, ha permanecido cautivo y aunque va a la escuela en un colegio privado, se ha prohibido que su padre biológico pueda verlo. El niño ha pedido ayuda a sus vecinos para que le avisen a su padre “que Enrique lo golpea y lo maltrata”, pero nadie ha atendido las quejas del menor, ni del atribulado padre.
Jesús Arriaga Ortiz, abogado que litiga en el Vigésimo Tercer Partido Judicial y que se ha visto seriamente perjudicado por el referido juez, aseguró que lo más importante de todo es el niño de diez años que el juzgador mantiene en su casa, aislado de la sociedad y que solamente puede ir a la escuela acompañado, para regresarlo igual a su casa, con el fin de impedir que el padre biológico lo vea, aparte de que el niño ha referido a sus amiguitos, de viva voz y mediante mensajes enviados en papeles envueltos en piedras que arroja a los vecinos, que ha sido víctima de maltrato y pide ayuda para salir de ahí.
Sin embargo, por separado, acusan al juez de sobrepasarse en sus resoluciones. Declara sobre un caso en el que alguien demandó por la recuperación de un terreno de 9 mil metros y el juez condenó a la entrega de más de 20 mil metros; una mujer que fue divorciada de su esposo y sin que éste pidiera nada durante el juicio, más que la disolución del vínculo matrimonial, el juzgador, además de quitarle la custodia de sus hijos, los que le arrebató sorpresivamente por medio de la fuerza pública, la condenó a pagar alimentos para sus tres hijos, no obstante que ella es ama de casa y carece de ingresos para garantizar su propio sustento.
Se han interpuesto varias denuncias en el Consejo de la Judicatura, por actos de corrupción, o simplemente por arbitrariedad que viola las leyes, por ejemplo los libros de gobierno los esconde para que los litigantes no puedan verlos. Y todos los asuntos de carácter penales, antes de promover cualquier cosa, tienen que pasar con el secretario del juez para que él autorice si son recibidos o no sus escritos.
El abogado José Luis Rosales Muñoz, por su parte, lo acusó de “pedir mochadas”, que en algunos casos han sido de cien mil, doscientos mil y hasta quinientos mil pesos. Aseguran que a nombre de su pareja sentimental, quien no trabaja, ni cuenta con ingresos de cualquier tipo, ha adquirido bienes, como una casa que en la actualidad está construyendo.
Los documentos y quejas fueron presentados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, donde los diputados estudian el caso.
La abogada Maricela Vargas, por su parte, denunció que a un padre de familia el juez le cobra 5 mil pesos o más para que pueda ver a su hijo, cuya madre lo tiene en custodia. Que se han dado casos en que concede la custodia por separado al padre y luego a la madre, lo que resulta imposible, pidió que intervenga la autoridad que de verdad tenga la intención de aplicar la justicia, puesto que recientemente acudió personal de visitaduría al juzgado de Atotonilco, pero el personal que se presentó, solamente entró al privado del juez y horas después salió de ahí para retirarse sin escuchar queja alguna, ni revisar expediente alguno. Argumentaron que ya habían cerrado su acta y que no podían agregar más.
Los abogados consideran que si al expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, lo inhabilitaron por una llamada telefónica y por haber ocultado sus antecedentes penales, al juez Luis Enrique Razo Jiménez, tendrían que aplicarle una sanción mucho más alta, puesto que sus abusos y triquiñuelas son actuales, y las personas perjudicadas han perdido la libertad, su patrimonio y hasta a su familia.
