El Congreso, convertido en un salón de la farsa
De los siete juicios políticos interpuestos contra el ex funcionario, sólo procedieron tres: uno por la concesión irregular del estacionamiento de Ciudad Judicial; otro por mentir en sus antecedentes penales; y un tercero por la llamada que hizo al Comisario de Guadalajara, para la liberación de dos detenidos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Por fin diputados fincaron responsabilidades a Luis Carlos Vega Pámanes, el corrupto ex presidente del Poder Judicial de Jalisco; estará nueve años fuera de la función pública por haber ocultado sus antecedentes penales, conceder a placer el estacionamiento de Ciudad Judicial y defender vía telefónica a dos empistolados ante el comisario tapatío/Fotos: Elizabeth Ríos Chavarría y Archivo Página 24
Luego de horas de sesión y a pesar de que la sentencia inicial marcaba 13 años, ayer diputados locales aprobaron inhabilitar por 9 años para ocupar cualquier cargo público, al ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes.
En la audiencia llevada en el Congreso local se trataron los siete juicios políticos en contra del ex magistrado, sin embargo, cuatro quedaron sin efectos por referirse al mismo tema por lo que diputados desahogaron tres procesos: uno por la concesión irregular del estacionamiento de Ciudad Judicial; otro por mentir en sus antecedentes penales al momento de ocupar un cargo público; y un tercero por la llamada que hizo al Comisario de Guadalajara, para la liberación de dos detenidos.
Sobre el primer proceso, diputados redujeron la sentencia de 13 a 4 años; en el segundo de 13 a 9; mientras que en el tercero –donde se dejaron sin efectos cuatro juicios políticos por existir cinco en el mismo sentido– se redujo de 13 a 6.
Al no ser acumulables, las tres sentencias cobrarán efecto al mismo tiempo a partir de hoy, por lo que el castigo político para el ex funcionario será con la sentencia más alta dictada en su contra.
Vega Pámanes no se presentó a la audiencia; sin embargo, su abogado Pablo Flores Guerrero se encargó de la defensoría en la que señaló múltiples irregularidades y omisiones en todos estos procesos.
En el caso del estacionamiento de Ciudad Judicial señaló que desde el Ejecutivo se le dio al ex magistrado autonomía para operar el predio donde se encuentra Ciudad Judicial, y que a todo caso el gobernador debió de haber solicitado el permiso a diputados; en cuanto a la llamada, refirió que diputados procedieron con pruebas ilegales, pues en el audio –además no válido para la acusación– jamás pidió la liberación de los detenidos; mientras que en el de sus antecedentes penales, acusó que se tomaron como pruebas notas periodísticas, pues en el expediente no obraron tales antecedentes.
“No hay una prueba fehaciente de esos antecedentes penales en este juicio. No se puede condenar a una persona con base en notas periodísticas, no existe la prueba fehaciente (…). Se pretende presumir esos antecedentes penales, a través de una falacia argumentativa que utilizó la Comisión de Responsabilidades”, señaló.
Aunque desde la parte acusatoria, integrada por la Comisión de Responsabilidades, se argumentó que todo se hizo en tiempo y forma, el defensor de Vega Pámanes insistió en sus alegatos sin suscitar avance a favor de su cliente, pues al final diputados –instados como jurado de sentencia– procedieron con la aprobación de la inhabilitación.
Salvador Caro se excusó del proceso
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Salvador Caro Cabrera, se excusó de participar y votar en la audiencia a fin de evitar ser juez y parte, por ser él –en su momento de Comisario de Guadalajara– a quien Vega Pámanes llamó en su momento para la liberación de dos detenidos.
Defensa de Pámanes impugnará sentencia
Posterior a la audiencia, el abogado del ex magistrado, Pablo Flores Guerrero, señaló en entrevista que ya analizan impugnar ante el Poder Judicial de la Federación la sentencia, debido a que existen los suficientes recursos jurídicos por lo viciado de todo el proceso.
Reiteró que diputados actuaron bajo irregularidades, al validar como evidencia notas periodísticas y no las que ellos mismos aportaron, como la prueba pericial técnica que mandaron hacer de la llamada, en donde se determinó que el audio de la misma estaba editado.
Aseguró que todos los alegatos explanados en la audiencia se hicieron llegar durante el proceso de los juicios, que no fueron respondidos por la Comisión de Responsabilidades, encargada de desahogar el tema; que todas las pruebas de la parte acusadora carecieron de rigor técnico; y que se evidenció que los diputados no supieron qué hacer o cómo actuar, por la forma en que al final redujeron la sentencia inicial de 13 años.
“Aquí el Congreso del Estado lo que a mí me pesa y que fue lo que intenté evidenciar en mis participaciones, es que el Congreso no está bien consciente del proceso que se está llevando a cabo. Este es un juicio político, no es una cuestión de opiniones, estamos hablando del futuro de una persona; este juicio político tiene constitucionalmente y legalmente hablando, reglas técnicas específicas para atender las partes y pronunciarse para precisar pruebas y para dictar su sentencia, cosas que no se cumplieron”, aseveró.
Por su parte, la presidenta de la comisión legislativa, Pilar Pérez Chavira, descartó que los señalamientos del abogado sean suficientes para tumbar lo ya sentenciado por diputados, pues en todo momento se apegaron a norma.
