Cualquiera que acepte pasivamente el mal, está igual de
implicado en el como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta
el mal sin protestar en contra, en realidad está cooperando con élMartin Luther King
Señor director:
El municipio de Guadalajara, sin más circos mediáticos y después de un largo estira y afloja entre conductores de calandrias y las autoridades municipales visiblemente superadas por esta situación, se entregaron el lunes 18 “casi casi” a escondidas únicamente cinco calandrias de las 10 que se habían prometido desde principios de año.
Actualmente obra en la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) la denuncia 62962/2017 por maltrato animal a 62 caballos de calandrias a la que se agregó la desaparición de 54 de esos mismos caballos, y posteriormente se solicitó que también se investigara la eliminación del cadáver del caballo Pantera que perdió la vida mientras jalaba una calandria, justamente un mes después de que el maltrato se denunciara ante la FGE.
Merilyn Gómez Pozos, directora de protección animal que pasó de ser edecán del Congreso a diputada plurinominal y ahora funcionaria, recibe un sueldo de 86 mil pesos mensuales; públicamente reconoció que a los calandrieros “se les permite circular sin licencia y sin estar regularizados”, declaración sumamente grave venida de una directora cuya principal encomienda es la protección de los derechos de los animales. Después de esta declaración ya no apareció en medios y tuvieron que salir el presidente municipal y la síndica a dar la cara y tratar de enmendar el error, también a hacer negociaciones que según Gómez Pozos ya se habían hecho en reuniones previas en presidencia con la asistencia del propio alcalde de Guadalajara, reuniones de las cuales no consta lo pactado en ninguna minuta, las cuales fueron solicitadas por el instituto de transparencia de Jalisco para transparentar esta transición.
En el discurso del cambio de calandrias se estableció que éste obedecía a la ELIMINACIÓN del maltrato animal; sin embargo, ahora el discurso cambió a que los dueños de las calandrias lo son también de los caballos y que a pesar de que el municipio pagará 5.5 millones de pesos con nuestros impuestos para adecuar el espacio de carga eléctrica para las nuevas calandrias, y el seguro vehicular por 99 años, se declaran incompetentes para expropiar los caballos a cambio de semejante inversión.
Rafael Méndez, líder calandriero, declaró públicamente que el destino de los caballos cuando se reciban las nuevas calandrias será el rastro; sin embargo, no se actúa en consecuencia, al contrario, sin que los caballos sean revisados por un médico “real” los calandrieros podrán seguir explotando, desde el 15 de diciembre de 2017 y hasta el 7 de enero de 2018, a sus caballos, se les seguirá viendo en las calles explotados hasta el cansancio o hasta la muerte como muchas veces ya ha sucedido. Esto es, se les permitirá que continúen infringiendo el artículo 46 del Reglamento Sanitario de Control y Protección a los Animales para el municipio de Guadalajara, sometiendo el cumplimiento del reglamento a la “voluntad” de la autoridad, olvidándose que cumplimiento de no es opcional; es obligación.
Este “proyecto de transición” no cuenta con un plan ejecutivo, por lo tanto en lo que menos se pensó fue en la eliminación de la explotación de los animales, el supuesto origen de este cambio, y ya que los caballos no representan un beneficio económico para el municipio no se han preocupado por salvaguardar su destino, y aunque han tratado de comparar este cambio con los animales en los circos no es lo mismo, debido a que en los circos sólo se cambió la ley y se exigió el cumplimiento de ésta, sin ofrecer o ceder nada a cambio. Se aplicó la ley.
En definitiva, los caballos no se quitarán el arnés para manifestarse y exigir que sus derechos dejen de ser moneda de cambio político, protestando contra la incapacidad e ineptitud de las autoridades municipales que infringen la ley ante la mirada y complicidad de quienes dicen defenderlos.
Atentamente
Anayeli Gálvez,
abogada penalista
