Prometen que no habrá corrupción al adjudicar obras
La ‘nueva’ legislación, según lo aprobado pretende crear un banco de proyectos, además de crear un padrón único de contratistas, entre otras supuestas mejoras
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Sobre lo aprobado en sesión de pleno, destaca la intención de tener visión de largo plazo sobre la ruta a trazar en cuanto a infraestructura, y crear un padrón único de contratistas para el estado y los municipios, entre otras medidas “anticorrupción”/Foto: Archivo Página 24
Diputados locales aprobaron una nueva ley de obra pública para Jalisco y sus municipios, con el cual se buscará desaparecer los llamados “moches” o la corrupción en los procesos de adjudicación y ejecución de obra.
Ayer en el Congreso de Jalisco se aprobaron modificaciones para crear una nueva ley que contempla la creación de un banco de proyectos obligatorio, para que se mantenga una visión de largo plazo en el estado sobre la ruta a trazar en cuanto a infraestructura, así como la creación de un padrón único de contratistas para el estado y los municipios, entre otros aspectos que según diputados suscitarán, la garantía de que cualquier obra pública en el estado se hará con “transparencia”.
El principal proponente de la iniciativa, el diputado emecista Ramón Demetrio Guerrero, detalló varias características con las que salió mencionado dictamen, entre las que destacó la presencia de la figura del “testigo social”, el cual se encargará de dar seguimiento a los concursos o asignaciones de obras.
“Será un agente honorable que tiene como obligación el compromiso moral de poder ser parte del proceso, para garantizar que la adjudicación sea pulcra, que sea transparente (…). Va a garantizar que sea obra pública de calidad, que realmente se esté garantizando que los pesos que se están destinando a la obra se ejecuten”.
Por su parte, la diputada Rocío Corona Nakamura explicó que en la adjudicación directa participarán varios contratistas que reúnan las condiciones técnicas y económicas para realizar la obra; el contratista sólo tendrá derecho a una sola obra, y hasta que termine se le podrá asignar otra, esto para acabar con las obras “por racimo”; y se dará preferencia a empresas locales, siempre y cuando cumplan el requisito de tres años de antigüedad.
También, los poderes legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos u organismos públicos descentralizados, tendrán margen para celebrar contratos de obra pública hasta por 26 millones de pesos mediante adjudicación directa –siguiendo una serie de especificaciones–, y se incrementará el monto de aquellas obras asignadas por concurso o invitación, es decir, si antes estaba a 5.2 millones ahora toparía hasta los 7.5 millones de pesos.
Además, se incrementarán los anticipos que se dan a constructores, pues de estar en 25 ahora quedó en un 30 por ciento, mismos que se deberán entregar tres días antes del inicio de la obra.
En cuanto a las sanciones por pago de cuotas o moches, la legisladora explicó que estas ya están establecidas en el código penal tipificado como delito de cohecho, el cual plantea una sanción de dos a 12 años de prisión y una multa de 7 mil 549 pesos hasta los 22 mil 647.
