Decenas de representantes vecinales alistan recursos legales contra el alcalde

En sus poco más de dos años de gobierno el emecista pisoteó las áreas verdes de miles de tapatíos, en aras de su “nueva lógica para la ciudad” con los planes parciales, lo que sólo traerá caos a la ciudad; por esto presentarán las denuncias para que la justicia lo alcance

Por Rafael Hernández Guízar

En voz del activista Pedro León Corral, presidentes de colonos de al menos 20 colonias coincidieron en que tramitarán recursos legales para que se castigue el ecocidio planeado en Guadalajara para deforestar áreas verdes y permitir que sean destinos inmobiliarios, además de no socializar los proyectos/Foto: Archivo Página 24

En voz del activista Pedro León Corral, presidentes de colonos de al menos 20 colonias coincidieron en que tramitarán recursos legales para que se castigue el ecocidio planeado en Guadalajara para deforestar áreas verdes y permitir que sean destinos inmobiliarios, además de no socializar los proyectos/Foto: Archivo Página 24

Enrique Alfaro, el presidente municipal de Guadalajara, podría quedar inhabilitado para ocupar cualquier cargo político y no ser candidato a gobernador debido a las violaciones ambientales y desacatos en que incurrió durante su administración, advirtieron ayer organizaciones ciudadanas.

Como parte del combate que habitantes de decenas de colonias de Guadalajara emprenderán contra los “indiscriminados cambios de uso de suelo” que realizó el alcalde y que pretende ejercer en los nuevos planes parciales antes de pedir licencia para contender por la gubernatura de Jalisco, serán presentados juicios para buscar que se le castigue por la justicia federal, anunció Pedro León Corral, presidente del Instituto de Derecho ambiental (IDEA).

En rueda de prensa donde fijaron su posicionamiento de rechazo a los “amañados planes parciales” –según se dijo–, los presidentes de colonos de al menos 20 colonias coincidieron en que tramitarían primero recursos legales para que se castigue el ecocidio que se ha planeado en esta ciudad capital al deforestar  áreas verdes, permitir que sean destinos inmobiliarios, y además “mentir” respecto a la consulta ciudadana para la planeación de la ciudad.

Dijo que gracias a todos los errores que se han cometido por parte de Enrique Alfaro y su equipo de trabajo, ahora cuentan con la cantidad suficiente de pruebas para no sólo impugnar el negocio inmobiliario que se pretende aprobar en Guadalajara antes de que termine el año, sino incluso obtener las inhabilitaciones para ejercer la función pública para el alcalde y muchos de sus allegados que han violado suspensiones obtenidas a través de amparos concedidos por la justicia federal para evitar la ejecución de obras que llevarían a Guadalajara al colapso.

Por su parte, Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias, demostró los cambios que perniciosamente se “disfrazaron” como errores en los nuevos planes parciales que serían discutidos en breve en el cabildo tapatío.

Sentenció que es estúpido creer que por error se cambió el vocacionamiento de 154 predios que pasaron de ser áreas verdes a zonas habitacionales, de comercio o áreas de equipamiento, es decir, que donde había un parque podría existir un recinto ferial, edificios de la mayor cantidad posible de niveles de vivienda vertical, u oficinas, lo cual aún con las pruebas que se han presentado al ayuntamiento se han desechado, incluso se solapan obras que se ejecutan sin los permisos correspondientes.

Asimismo, afirmó que con el pretexto de atraer habitantes a Guadalajara, se planea permitir que lleguen a más de mil 200 habitantes por hectárea cuadrada, es decir, algo muy por encima de las zonas más densamente pobladas y con más problemas de la ciudad, como El Sauz.

Entre acusaciones directas al alcalde por los ciudadanos, estos dejaron en claro que no permitirían que se hagan dichos cambios en la ciudad, y además serán promoventes del voto razonado para que no se apoye la aspiración del alcalde para llegar al gobierno del estado.

Finalmente, se dejó en entredicho por varios de los representantes de vecinos la necesidad de que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la misma Procuraduría General de la República (PGR) investiguen las inversiones inmobiliarias tras la posibilidad de que provengan de la delincuencia y que sean estas una estrategia para el lavado de dinero.