Posiblemente la removieron los poderes fácticos, acusan
“Si alguna enfermedad padeciera, sin duda, se habría negado a aceptar su alta investidura desde el principio”, cuestionó la Red Jalisciense de Derechos Humanos el supuesto motivo para que María Teresa Medina dejara su cargo
Activistas de la Red Jalisciense de Derechos Humanos criticaron la renuncia de la primera Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas en la entidad, María Teresa Medina Villalobos, quien apenas asumió el cargo el pasado 31 de agosto de 2017.
Como muestra de confianza en su labor y en su persona, el organismo civil le confió los casos de ocho jaliscienses desaparecidos en dos municipios de la Costa Sur: seis de Cuautitlán y dos de Cihuatlán, durante los años 1997 y 2014.
Sorprende sobremanera el anuncio de su inesperada renuncia al cargo, dicen en comunicado los activistas, pues la versión que dice que fue “por razones de salud”, no es de creerse, “pues si alguna enfermedad padeciera, sin duda, se habría negado a aceptar su alta investidura desde el principio”.
Mucho temen, sentenciaron, “que haya recibido presiones o amenazas por parte de los poderes fácticos o gubernamentales que, hace muchos años, lucran con las desapariciones de múltiples personas, ‘peligrosas’ para los intereses creados lícitos e ilícitos”, pues dijeron tener constancia de que la abogada y fiscal Medina Villalobos, desde su llegada a la fiscalía especial, comenzó a trabajar y a pedir informes a las autoridades ministeriales encargadas de buscar y localizar a los(as) desaparecidos(as) en la entidad. Agendó diversas entrevistas entre los denunciantes y los funcionarios responsables de las pesquisas, y empezó a presionar por el cruce de datos que llevaran a la localización inmediata de las víctimas.
Ante el anuncio de su inesperada “renuncia”, la RJDH manifestó su inconformidad, pues una vez más gobierno estatal incumple con su obligación de garantizar –en forma permanente y eficiente– la seguridad pública y jurídica de los jaliscienses, viniendo a retrasarse aún más la impartición de justicia penal y civil, para este grupo o sector vulnerable a los abusos del poder.
Al quedar acéfala la actual Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado, consideraron llegado el momento de que el nuevo titular sea un defensor de derechos humanos consagrado en el litigio estratégico de este tipo de casos, que habrá de elegirse entre los escasos defensores civiles de derechos humanos de Jalisco, que acrediten experiencia práctica en la defensa exitosa de casos de derechos humanos; estar dispuestos a ser examinados por académicos y funcionarios públicos con trabajo en el ámbito de los Derechos Humanos; deben pasar todos los exámenes teórico-prácticos a practicarse para acreditar una sólida solvencia moral y jurídica, entre otros requisitos mínimos, exigieron.
