Normativa recaudatoria e ilegal; además, viola DH, acusan

El gobierno estatal no puede regular a los profesionistas si estos ya obtuvieron su patente para ejercer a nivel federal, manifestaron inconformes

Por Elizabeth Ríos Chavarría

José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo de Colegio de Abogados de Jalisco, criticó que el gobierno estatal, “más allá de abonar a esta ley anticonstitucional, está abonando a la psicosis; no podemos tolerar que sea recaudatorio”/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría

José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del Consejo de Colegio de Abogados de Jalisco, criticó que el gobierno estatal, “más allá de abonar a esta ley anticonstitucional, está abonando a la psicosis; no podemos tolerar que sea recaudatorio”/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría

Porque viola las garantías al libre ejercicio de la profesión y porque no representa más que una medida recaudatoria, integrantes del Consejo de Colegio de Abogados de Jalisco exigieron al gobernador Aristóteles Sandoval derogar la Ley para el Ejercicio de las Profesiones, con el fin de que la obtención de la cédula profesional estatal no deba de renovarse cada cinco años.

En rueda de prensa, criticaron que esta ley plantea regulaciones contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 5 y 9, pues no sólo es una acción recaudatoria e ilegal, sino que violenta los derechos fundamentales y humanos de los profesionistas, porque se adjudican un derecho que solo le corresponde a la Dirección General de Profesiones del Gobierno federal.

“La certificación es un producto de calidad, nosotros no somos un producto de calidad, nosotros somos profesionistas y considero que la palabra es acreditación no certificación. Más allá de abonar a esta ley anticonstitucional, está abonando a la psicosis; no podemos tolerar que sea recaudatorio. Lo que nosotros queremos y pedimos al ejecutivo es que se abrogue esa ley, porque no podemos certificar un profesionista porque ya cumplió”, señaló José Luis Tello Ramírez, secretario ejecutivo del consejo.

Manifestaron que se viola el artículo 5 al pretender iniciar una serie de certificaciones contrarias a la máxima norma que establece que “somos graduados de una carrera de la que se aprobaron todos los requisitos de forma y de fondo, y fueron certificados por una organización educativa”; así como en su artículo 9, al violentar la libertad de asociación, ya que en la nueva ley de profesiones se obliga a la colegiación.