Por el crecimiento de México: Académicos, empresarios y organismos civiles
Las propuestas de estas personas que se unieron están divididas en seis sectores: seguridad, justicia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, gobernabilidad, competitividad e inversión pública
Por Francisco Andalón López
José Medina Mora, ex presidente de la Coparmex Jalisco, enumeró los problemas más graves que aquejan al país, como: “la corrupción, la ineficiencia del uso del recurso público y los costos del crimen y robo para la sociedad; todo ello frena la inversión y la generación de empleos”/Foto: Cortesía
Para que Jalisco avance, se requiere es que la agenda económica y de desarrollo no tenga que ver con los vaivenes políticos, ni que los planes y programas sean regenerados con el cambio de administración, puesto que esto lo único que ha dejado como resultados, es un crecimiento deficiente, consideraron organismos empresariales, académicos y sociedad civil, que se unieron para exigir la creación de una agenda a largo plazo.
“En México sigue siendo preocupante en calidad de instituciones que, según la evaluación del Foro Económico Mundial vamos en caída libre del sitio 109 en 2015 al 116 en 2016 y ahora al 123 en 2017, esto por aspectos que siguen pendientes de resolverse, tales como la corrupción, la ineficiencia del uso del recurso público y los costos del crimen y robo para la sociedad; todo ello frena la inversión y la generación de empleos”, lamentó José Medina Mora, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco.
Las propuestas de estas personas que se unieron están divididas en seis sectores: seguridad, justicia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, gobernabilidad, competitividad e inversión pública.
En el primer ámbito exigieron que el nombramiento del fiscal sea con un perfil técnico en ámbitos de seguridad, procuración e impartición de justicia, que pueda coordinarse con los titulares de esta materia en los tres órdenes de gobierno con el fin de disminuir los índices delictivos, además de lograr una efectiva coordinación táctica de la o las dependencias encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia y que cada una de las instancias cuente con indicadores de resultados por tipo de delito según su ámbito de competencia.
En el caso de la justicia, propusieron autonomía política y presupuestal del poder judicial, privilegiar la carrera judicial y el servicio profesional de carrera y en el caso del presupuesto, que se entregue al Poder Judicial un presupuesto constitucional de tres por ciento de lo que gastaría el Ejecutivo.
En el sector de rendición de cuentas y combate a la corrupción, exigieron arrancar el sistema estatal anticorrupción integral y coordinado, que se aprueben leyes orgánicas y reglamentarias que actualmente están pendientes, que se dote a este sistema de dinero suficiente, acorde a los objetivos, funciones y metas de cada dependencia y que se contrate personal profesional, suficiente y especializado.
En cuanto a la gobernabilidad, propusieron un dialogo permanente y consensos en las áreas estratégicas del estado para el largo plazo; para la competitividad, la reducción de la pobreza mediante programas de emprendimiento social.
Y finalmente, para la inversión pública, su iniciativa es que las leyes de ingresos y presupuestos de egresos sean programáticos con base en el plan estratégico quinquenal del estado, atendiendo al origen de los recursos y sus reglas de aplicación: federales, estatales o municipales.
