Se lanza además contra venta de autopartes robadas

Desde la Agencia Metropolitana de Seguridad –administrada por el emecista– buscan instalar más cámaras de videovigilancia, además de retenes para detectar estos vehículos, pues en ellos se cometen “altos índices delictivos”, se justificó 

Por Rafael Hernández Guízar

Marco Valerio Pérez podría incurrir en actos de discriminación hacia los propietarios de las motocicletas, al decir que se presume que en estos vehículos se comete la mayoría de delitos; esto porque por mandato constitucional debe prevalecer la presunción de inocencia y no de culpabilidad/Foto: Archivo Página 24

Marco Valerio Pérez podría incurrir en actos de discriminación hacia los propietarios de las motocicletas, al decir que se presume que en estos vehículos se comete la mayoría de delitos; esto porque por mandato constitucional debe prevalecer la presunción de inocencia y no de culpabilidad/Foto: Archivo Página 24

Marco Valerio Pérez Gollaz, el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) anunció ayer que se hará una coordinación entre los nueve municipios de la urbe para vigilar de cerca la venta de autopartes, evitar que sean robadas colocando cámaras de vigilancia y aplicando retenes policiacos contra motocicletas de bajo cilindraje.

Se trata de una estrategia con la que se pretende tener un mayor control de las calles y evitar que cualquiera pueda comercializar las autopartes sin decir de dónde las obtuvo; esto se apoyará también con la creación de un proyecto de ley denominado “ley de autopartes”.

Ayer mismo en el Congreso del Estado se dio un encuentro entre el mencionado funcionario de la AMS y la diputada emecista María de Lourdes Martínez Pizano, quien pretende impulsar dicha ley en el pleno del Poder Legislativo.

A esta estrategia legislativa se sumaría la colocación de cámaras de videovigilancia por parte de los mismos propietarios de chatarreras y lugares donde se venden autopartes que deberán de estar a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Pero no sólo se trata de colocar nuevas cámaras, sino también de operativos en donde estarían incluidas las comisarías de seguridad de cada uno de los municipios y la misma FGE para detener a los motociclistas y hacerles revisiones, esto en vehículos de bajo cilindraje: “Fiscalía como comisarías realicen operativos constantes, estamos promoviendo el control provisional preventivo a todos y cada una de las motos de esta ciudad, por supuesto en esta zona, es una zona prioritaria para nosotros en el entendido de que presumimos de que en motocicletas de bajo cilindraje se generan muchos de los delitos de alto impacto de esta ciudad”, indicó el funcionario en entrevista previa.

“Estamos solicitándole a la Semov (Secretaría de Movilidad), a la Fiscalía y a la Fuerza Única Metropolitana y a las comisarías que no dejen de intervenir, de generar y ejecutar el control provisional”.

Lo antes descrito atenta contra los derechos humanos al violentar el derecho a la libertad de tránsito, así como los artículos 14 y 16  de la Constitución mexicana.

Para que fuesen legales estas revisiones, los cuerpos poliacos deberían de tener una orden emitida por un juez en donde se funde y motive la causa del acto de molestia por parte de la autoridad, donde se diga cuáles son las leyes que se han violentado y los supuestos en lo que esto sucedió, el nombre de la persona a detener o revisar, qué se pretende buscar, todo esto acompañado de una lectura de los derechos humanos, de lo contrario, sería violatorio al debido proceso y cualquier detención que se ocasione por este motivo podría ser considerada como ilegal, y por ende la persona aún cuando se le encuentren elementos para fincar responsabilidades, podría seguir el proceso en la calle.

Asimismo, según especialistas en derecho constitucional, al anunciar esto, Marco Valerio Pérez podría también incurrir en la posible comisión de actos de discriminación a los propietarios de las motocicletas al decir que se trata de presunción, ya que al momento debe prevalecer por mandato constitucional la presunción de inocencia y no de culpabilidad como parte de los derechos fundamentales tutelados en el nuevo sistema oral de justicia penal.

Por cierto, que el artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, marca en el artículo 146, fracción IV como abuso de autoridad a todo aquel funcionario que violente los derechos fundamentales basados en la Constitución mexicana, algo a lo que según las declaraciones previas del funcionario podrían entender como una violación a lo antes descrito.

…Pero quiere ser alcalde

Tras dar a conocer que apoya los retenes para que revisen a todo aquel motociclista que les parezca sospechoso, Marco Valerio Pérez dijo que “le late” el corazón por la candidatura de su partido, el Movimiento Ciudadano (MC), para la presidencia municipal de Guadalajara.

Sin embargo, resaltó que para el cargo se ha considerado también al hoy diputado local en funciones Ismael del Toro, ex alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, por lo que indicó que es temprano para destapes y habría que esperar a mediados del mes próximo para que esto se defina.

Las aseveraciones del funcionario que propuso también en días anteriores el castigo de miradas lascivas como acoso callejero –que se va a detectar con la colocación de cientos de cámaras de videovigilancia en los parabuses y puentes de la ciudad–, dejaron entrever su deseo por buscar la alcaldía al no descartarse para el cargo.