Que diputados no se apresuren: Organismos civiles
Que se extienda tres meses más el tiempo de análisis de quienes aspiran a un cargo en el Sistema Estatal Anticorrupción; así se garantizará que el sistema tenga mayor calidad, de acuerdo con colectivos ciudadanos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
El tiempo límite actual no es suficiente para garantizar la elección de perfiles honestos que no respondan a las cúpulas de poder, por lo que organizaciones civiles piden ampliar el plazo; de no hacerlo, es imposible dar certeza de que el sistema anticorrupción funcionará/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
Porque el tiempo establecido para los nombramientos varios del Sistema Estatal Anticorrupción no serán suficientes para dar garantía de que se elegirán a los mejores perfiles, integrantes del Observatorio Permanente del SEA propusieron a diputados extender hasta el 15 de marzo de 2018 estos procesos.
En rueda de prensa, integrantes de varias organizaciones civiles que conforman este observatorio se mostraron en contra de los periodos que diputados locales manejarán para los nombramientos. Aunque las reformas actuales establecen que los cargos del fiscal anticorrupción, magistrados y el auditor superior deben quedar el 15 de diciembre de este año, la propuesta es que se retrasen tres meses más.
“Instamos a los legisladores a hacer una revisión completa de estos tiempos cuyo punto esencial es ampliar el plazo para nombramientos, con el fin de facilitar la adecuada selección de los operadores del SEA con el único e importante objetivo de que éste inicie con la mayor calidad posible”.
Explicaron que el tiempo actual no es suficiente para que se garantice la elección de perfiles honestos que no respondan a las cúpulas de poder, por lo que apelaron a legisladores a replantear los tiempos pues de no hacerlo no se dará certeza de que la conformación del SEA en verdad resulte lo esperado y deseado por la ciudadanía.
Además del tiempo insuficiente –señalaron–, han observado irregularidades en la cronología general que el Congreso ha propuesto para llevar a cabo estos trabajos, ya que los transitorios de los decretos que expide la ley orgánica de justicia administrativa, y la ley de fiscalización prevén la forma de hacer nombramientos, pero las mismas “entrarán en vigor hasta el primero de enero del 2018”, mientras que los nombramientos se tienen pactados para antes de que concluya este año.
“Nombrar a quienes ocuparán la Auditoría Superior del Estado, la fiscalía especializada en combate a la corrupción y a los titulares de las tres magistraturas de justicia administrativa, no es tarea fácil ni mucho menos debe de ser una tarea apresurada sólo por cumplir un calendario establecido. El periodo que el Congreso determinó para tales nombramientos es evidentemente insuficiente para garantizar que se están escogiendo a los mejores perfiles profesionales, a las personas reconocidas con probidad, objetivas e independientes”, agregaron.
La propuesta la iban a consensar y entregar a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, no obstante, ninguno se presentó a la reunión planeada con el observatorio en el Congreso local.
