Reducir nómina y bajarse el salario, entre las promesas

Ayer desfiló la primera parte de los candidatos a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y todos coincidieron en que urge una reingeniería al organismo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer se presentaron en el Congreso local 16 de los 29 aspirantes a presidir la CEDHJ; dijeron que de ser electos mejorarían el acompañamiento a las víctimas, profesionalizarían a los empleados y reducirían la “obesa” nómina del organismo/Fotos: Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer se presentaron en el Congreso local 16 de los 29 aspirantes a presidir la CEDHJ; dijeron que de ser electos mejorarían el acompañamiento a las víctimas, profesionalizarían a los empleados y reducirían la “obesa” nómina del organismo/Fotos: Elizabeth Ríos Chavarría

Reingeniería total del organismo, una reestructuración más amplia de su presupuesto anual y una verdadera defensa en los derechos, fueron algunos aspectos que la mitad de los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) prometieron si obtienen el puesto.

Ayer durante toda la mañana, 16 de los 29 aspirantes inscritos se entrevistaron con diputados locales a fin de presentar su plan de trabajo. Con estrategias y puntos de vista muy similares, el acompañamiento a las víctimas en todos los aspectos, profesionalización de la comisión, reducir la obesa nómina y bajarse el estratosférico salario, también figuraron entre los discursos de presentación de cada candidato.

En entrevista y posterior en su presentación ante diputados, Guadalupe Ramos Ponce habló sobre cómo se deben implementar mecanismos suficientes para el acompañamiento jurídico a las víctimas, así como impulsar una estructura organizativa de la comisión y cambiar el paradigma de la formación y difusión de los derechos humanos.

“Hay que cambiarle la mirada (a la comisión). La propuesta que estoy haciendo es refundar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con una nueva reingeniería no sólo administrativa, sino en lo sustantivo”.

Criticó la distribución del presupuesto, pues en la actualidad de los 140 millones de pesos anuales que le tocan a la comisión, más de 138 se destinan a la nómina y el resto al gasto corriente, sin que se destine capital a una correcta aplicación de los derechos humanos.

Por su parte, el activista Jaime Hernández Ortiz advirtió que impugnará el proceso si esta elección recae en reparto de cuotas. Además, criticó la nula defensa de los derechos humanos que existe hoy en día, y el tráfico de influencias de algunos aspirantes que llegaron con cartas de recomendación de varios funcionarios públicos.

De manera un poco más particular y profundizada por los candidatos, algunos se comprometieron a trabajar por la gestión y defensa del agua y medio ambiente, por los derechos de los indígenas, por las víctimas de tortura, por la comunidad LGBT y por los migrantes.

Con la primera mitad de candidatos ya entrevistados, se espera que mañana a partir de las nueve de la mañana los 13 restantes manifiesten su plan de trabajo, para concluir esta etapa del proceso.

Una vez finalizadas las entrevistas, el 27 de julio diputados votarán entre los aspirantes y elegirán al candidato que tomará el lugar del actual ombudsman, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, a fin de que inicie funciones el próximo 2 de agosto.