El fiscal en la materia responderá a la FGE
Encima, el Congreso de Jalisco dejó de lado a ciudadanos, académicos y expertos, al avalar que el funcionario sea propuesto por el gobernador
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Entre las “novedades” que aprobaron diputados, el fiscal en la materia dependerá de la Fiscalía de Jalisco, y éste será propuesto por el gobernador. Además, los delitos de corrupción de los funcionarios sí prescribirán, aunque aún no se define en cuánto tiempo/Foto: Archivo Pagina 24
Diputados de Jalisco aprobaron en sesión de pleno las reformas constitucionales al Sistema Estatal Anticorrupción. Aunque durante semanas legisladores pregonaron otorgar autonomía a varios aspectos, la figura del fiscal anticorrupción le responderá a la Fiscalía General del Estado (FGE), y su elección saldrá al final de una terna propuesta por el Ejecutivo estatal.
Luego de un par de horas, y después de aprobarlo con algunas reservas en comisiones para su discusión en pleno, en el Congreso de Jalisco se avaló la base de este sistema en el cual se contempló los nombramientos del auditor superior, fiscal general, fiscal anticorrupción, magistrados de la sala superior y la sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, los órganos internos de control, los integrantes del Comité de Participación Social, así como la duración de los cargos.
Aunque hubo debate por parte de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) respecto a que no se le quitó la facultad a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, para fincar o no cargos en cuentas públicas, el diputado priísta Hugo René Ruiz aseguró lo contrario, al manifestar que será la Auditoría Superior del Estado quien se encargue de esto, siendo la tarea de la comisión revisar solamente el actuar de la ASEJ.
En cuanto a la designación del fiscal anticorrupción, se aprobó que el gobernador entregue al legislativo una terna al “tomar en cuenta” las propuestas que el Comité de Participación Social de este sistema estatal plantee mediante un análisis previo. Sin embargo, no estará obligado a considerarlo del todo.
Sobre la duración de los cargos se estableció que el fiscal anticorrupción y el fiscal general estarán por siete años y no podrán ser reelectos, aunque por única ocasión permanecerán ocho años; caso contrario al auditor superior, que durará ocho años y podrá reelegirse si así lo desea. Además, los magistrados de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa permanecerán también siete años, aunque serán electos de manera escalonada, por única ocasión por cinco, seis y siete años.
Respecto a la responsabilidad por hechos de corrupción, los delitos sí prescribirán, sin embargo el periodo de prescripción se establecerá en las reformas secundarias que diputados hagan en los siguientes meses.
El Congreso local deberá expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a más tardar el 14 de septiembre de este año; emitirá las convocatorias necesarias para que antes del 15 de diciembre próximo se encuentren nombradas todas las personas que ocuparán los cargos públicos creados con la aprobación de estas reformas, y el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, así como los órganos que se han creado, deberán arrancar a más tardar el primero de enero del 2018.
