Cartas a Pagina 24
¡Por fin! Se dio el primer paso real a favor de los caballos, pues el 23 de junio de 2017 la abogada Anayeli Gálvez presentó ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) formal denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por la explotación y el maltrato animal al que son sometidos los caballos de calandrias que circulan en la ciudad de Guadalajara.
Durante el año y medio de su administración, el presidente municipal de Guadalajara ha sido engañado o se ha dedicado a mentir a los activistas serios de la ciudad, politizando un tema tan serio como el maltrato animal con una complicidad con seudoanimalistas que aplauden lo que no existe, y que sólo entorpecen el cumplimiento de las leyes de protección a los animales. De esa manera se ha negado a los caballos de calandrias la justa aplicación de la ley en la materia.
A principios de mayo de 2017 se dio a conocer en un canal internacional el supuesto nuevo prototipo que sustituiría a los caballos de las calandrias en el municipio de Guadalajara. Sin embargo, en el oficio 1754/2017 de transparencia, el propio ayuntamiento admite que no se han destinado recursos, y por lo tanto no tiene forma de hacer convocatoria o adjudicación alguna.
El pasado 22 de junio, el presidente Alfaro mencionó que en agosto se dará a conocer otro proyecto de modelo de carros de calandria que el financiamiento ya está resuelto, pero peccata minuta sólo les falta saber quién será el donador de las unidades, el costo de la transformación y los beneficios que tendrá.
Entonces, ¿no supo Alfaro cuánto costó la transformación del vehículo del programa en el que se hizo publicidad a nivel internacional? ¿Así es como realiza sus proyectos gubernamentales? ¿O será que pretende con estas declaraciones –que siempre quedan en eso, en declaraciones–, seguir engañando a la ciudadanía, pero sobre todo a los verdaderos protectores de animales?
Se solicitó a la Dirección de Protección Animal la documentación respecto a los certificados médicos de los caballos que el propio Reglamento Sanitario de Control y Protección de los Derechos de los Animales para el municipio de Guadalajara exige sean realizados; mediante expediente DTB/2499/2017 en el resolutivo número 14 la Dirección de Protección Animal manifestó que los expedientes de los 120 caballos de las 60 calandrias los tenía la Universidad de Guadalajara y que estos habían sido elaborados por un médico veterinario zootecnista de nombre Rubén Anguiano Estrella. Sin embargo, al solicitar a la Universidad de Guadalajara los expedientes en comento, ésta, mediante expediente UTI/371/2017 de fecha 25 de mayo de 2017 negó categóricamente tener los expedientes de los caballos, ya que no tiene firmado acuerdo con la Dirección de Protección Animal para tal efecto, y también manifestó que el médico veterinario zootecnista Rubén Anguiano Estrella no cuenta con oficio de comisión por parte de la casa de estudios para colaborar con la Dirección de Protección Animal de Guadalajara para la revisión médica de los caballos de calandria.
Según el oficio DTB/3681/2017 de fecha 22 de junio de 2017, los caballos de calandria no cuentan con permisos de Padrón y Licencias, que es obligatorio.
Además de verlos circulando todos los días bajo el sol, o caminando sobre pavimento caliente, mal herrados, con visibles laceraciones producidas por el arnés, inhalando el humo que emiten los camiones, jalando hasta más de seis personas en la calandria, se ha tenido cuenta de caballos como el que en plena avenida Chapultepec en julio de 2016 se desplomó, o el 4 de agosto de 2016, la yegua de calandria que presentaba fractura de cadera, o el equino del 28 de abril de 2017, que desbocó en plena avenida Hidalgo, y de ninguno de esos casos se presentó formal denuncia ante las autoridades competentes, para que se iniciara una investigación al respecto.
La Dirección de Protección Animal de Guadalajara nos cuesta entre presupuesto para operación y sueldos 587 mil pesos mensuales, en lo que va de la administración más de 12 millones de pesos, es encabezada por una persona que ni siquiera cuenta con un perfil adecuado, quienes laboran en el ayuntamiento de Guadalajara y por ende en la Dirección de Protección Animal son financiados con nuestros impuestos y nos deben su rendición de cuentas.
“El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.
Atentamente
Anayeli Gálvez,
abogada
