Exige justicia al gobernador por la muerte de su padre
Un hombre de 66 años que soldaba en una nave industrial cayó de cabeza el pasado 3 de febrero; no tenía seguro y encima el encargado no se hizo responsable, lo que le costó la vida al trabajador, quien era cabeza de familia, denunció la afligida hija
Por Rafael Hernández Guízar
“Son injusticias que suceden a diario, no sólo con mi papá, sino con muchas personas, no sé por qué las autoridades hacen esto”, narró la desesperada Mercedes Martínez Olivares, quien lamentó que ni en la Secretaría del Trabajo ni en la fiscalía de Jalisco han hecho por apoyarla/Foto: Rafael Hernández Guízar
Mercedes del Carmen Martínez Olivares exige justicia a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, pues la muerte de su padre ha quedado impune.
Fue el pasado mes de febrero cuando Juan Ignacio Martínez, de 66 años de edad, cayó de una altura de seis metros tras perder el equilibrio en la barda donde soldaba una nave industrial en el municipio de Tonalá, no contaba con equipo de seguridad y la caída le causó fractura de cuello y columna.
“Mi padre tuvo un accidente laboral y perdió la vida mientras estaba soldando, se cayó de pura cabeza, se fracturó el cuello y la columna. Lo llevaron a la Cruz Verde, de ahí lo pasaron a un hospital particular y de ahí al Hospital Civil viejo y la cosa es que la persona con la que trabajaba no se quiso hacer responsable con ningún gasto y estamos buscando que se haga justicia con esta persona”, dijo.
–¿Cuándo fue esto?
–Falleció el 15 de febrero del presente año y no se me hace justo pues que esta persona quede impune pues, eso es lo que pretendo, que no quede impune.
–¿Y no le ayudaron con ningún gasto?
–No, es más, no lo tenían ni asegurado y el único gasto con el que corrió él fue un traslado de ambulancia, fue lo único de todos los gastos; él puso nada más mil pesos y yo hasta ahorita hice la cuenta de lo que gastamos y son alrededor de 50 mil pesos.
–¿Cómo quedaron las cosas con la pérdida de su padre?
–Pues muy mal. Yo sé que con lo que hago no le regreso la vida a mi padre, sé que no va a pasar, pero qué le puedo decir, de él dependía un nieto y un hermano menor de 17 años, de 11 y 16.
Al momento del accidente se le trasladó a la Cruz Verde de Tonalá donde le dieron las primeras atenciones, ahí se les indicó de la gravedad de las heridas que presentaba, pues cayó de cabeza y era urgente una operación; sin embargo, no estaba asegurado y el patrón simplemente desapareció.
“Desde que cayó mi papá al hospital que fue el 3 de febrero ya no lo volvimos a ver, y las autoridades dicen que no hay delito que perseguir. Porque cuando mi papá falleció a nosotros nos dijeron que teníamos que ir a reconocer el cuerpo de él, y fuimos pero no había salido el cuerpo y cuando regresamos al hospital nos dijeron que una persona dio una declaración de que el cuerpo estaba solo y que no había delito que perseguir, que fue una muerte en un accidente y que no fue laboral. No sé quién haiga (sic) dado esas declaraciones, no sé por qué dicen que no hay delito que perseguir”.
Por no contar con los 70 mil pesos que costaba la operación, la salud de Juan Ignacio se deterioró al grado de perder la vida.
Con lágrimas en los ojos, esta mujer relató su frustración por lo sucedido.
“Me siento muy mal, son injusticias que suceden a diario, no sólo con mi papá, sino con muchas personas, no sé por qué las autoridades hacen esto, porque ya cuando fuimos a levantar la declaración no me dejaron hacerlo, yo que fui la que sabía todo porque se me extravió mi credencial, fue mi hermano el que levantó la demanda y allá (en la fiscalía) le dijeron que sólo iba a quedar un caso abierto, pero que no nos garantizaba que se hiciera algo”.
Con ira y desesperación, lanzó un llamado al gobernador del estado, pues ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Secretaría del Trabajo le ayudaron a obligar al patrón a responder por lo sucedido.
“Que se haga justicia, que la muerte de mi padre no quede impune y que esta persona se haga responsable del daño que ocasionó, a lo mejor él no fue y lo aventó de la barda pero fue una muerte imprudencial, pero si hubiera pagado los gastos de la operación algo podría haberse hecho, si él hubiera dado lo que se pedía a lo mejor hoy en día yo tendría a mi padre”.
El caso se sigue en la carpeta de investigación D-I/9225/2017 y se ha señalado como un asunto no judiciable, es decir, que no procedería litis alguna en contra del patrón.
Con la partida de Juan Ignacio, dos menores de edad han quedado en el desamparo y una familia entera desgarrada por la desgracia, pues era cabeza de familia.
La exigencia de esta mujer es que se haga justicia ante un hecho en el que considera se actuó con parcialidad, dijo, ya que por falta de un abogado quedaron al margen del proceso ante la fiscalía estatal.
