Permiten que Aristóteles y Servando se enriquezcan: Académico
Adán Romero, catedrático de la UdeG, acusó al gobernador y a su secretario de Movilidad de operar al margen de la ley, pues captan a infractores y les cobran la multa sin que estos siquiera puedan defenderse; el botín que se llevan alcanzaría los mil millones de pesos, denunció
Por Rafael Hernández Guízar
Los diputados de Jalisco, encargados de hacer las leyes que rigen el curso del estado, son también los encargados de hacer la trampa, los vericuetos legales que permiten que medidas autoritarias como las fotomultas se impongan, pues más salvar vidas sólo sirven para llenar los bolsillos de altos funcionarios, criticó el catedrático Adán Romero/Foto: Archivo Página 24
Los diputados de Jalisco solapan las corruptelas del gobierno estatal que insiste en aplicar fotomultas pese a que son inconstitucionales, un abuso de autoridad del gobernador y el secretario de Movilidad, afirmaron catedráticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Adán Romero, catedrático de la máxima casa de estudios de Jalisco, dijo en entrevista con Página 24 que se trata de una ilegalidad en la que se han esmerado en defender y aplicar, pues la sanción viola el derecho de audiencia y defensa de los ciudadanos, algo que además es aplicado por una empresa particular que tiene un mínimo de infracciones exigidas mensualmente, otra ilegalidad que han pasado por alto y que debería de representar un juicio político al menos, para el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, y podría afectar también al gobernador Aristóteles Sandoval.
“Definitivamente es una política recaudatoria, no podemos negar que la intención es muy buena, salvar vidas, pero se ha desviado. 85 mil multas tiene la obligación mínima la empresa de levantar en fotoinfracciones, esto quiere decir, 85 mil violaciones a la Constitución cuando las imponen; esto no es nuevo y hemos visto amparos tanto en la Ciudad de México como en Puebla, es tan sencillo echarles abajo esto que mis alumnos lo hacen como una práctica profesional, al grado que la autoridad hace tiempo que ya ni se defiende, ya saben que asunto que se lleve en contra de ellos lo van a perder”, dijo.
–¿Es una ilegalidad?
–Sí es tremendo, y la autoridad ya sabe que en el momento en que está cometiendo una ilegalidad es un abuso de autoridad. En la Ciudad de México la sentencia de amparo resuelve tres cosas: Devolver el pago realizado, dejar sin efecto la infracción y otorgar además el derecho de audiencia previa que respete el procedimiento, todo eso quiere decir que han cobrado mil millones de pesos; cuál es el sistema para impugnar, hay que irse al Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco donde le van a declarar la nulidad de la infracción, nosotros no estamos en contra de la autoridad, pero nos estamos oponiendo ante el autoritarismo.
–Es una ilegalidad.
–Es una ilegalidad y qué sucede cuando una autoridad comete algo así, es un abuso de autoridad, entonces el señor secretario (de Movilidad) está obteniendo un lucro indebido y que le instauren un juicio político a ver si procede.
–¿Pero eso nunca procede?
–Mire, decía un maestro mío que para ganar un asunto hay que tener la razón, saberla pedir y que te la quieran dar, los juicios políticos deberían de proceder cuando se tramitan adecuadamente, aquí sí hay posibilidades y más porque hablamos de mil millones.
–¿Y eso no le alcanza al gobernador?
–A lo mejor, pero a él más bien es por alta traición. Ahora habría que averiguar por qué la ley no es pareja, porque quisiéramos saber si se les aplica a los funcionarios de la fiscalía, a los de las empresas grandes de seguridad privada, porque a muchos les hacen descuentos enormes.
–¿Esto es como la ley de Herodes?
–Sí, definitivamente, y mira, hay un dicho que dice que el que hace la ley hace la trampa, y quién hace la ley, pues los diputados, pues ellos hacen la trampa y dejan algún resquicio ahí.
Pero el catedrático fue más allá; categóricamente sentenció que para que se legitime la permanencia de las fotomultas, debe obligarse a citar a as personas antes de imponer la sanción.
“Que sigan los procedimientos y nosotros seguimos las leyes; si quieren seguir con sus negocios, con sus camaritas, que lo hagan, pero para que no sea inconstitucional, que nos citen para que tengamos el derecho de audiencia debidamente protegido, eso es todo, porque lo que está mal es que te llegue a tu domicilio una multa y no te dejen defenderte”, acusó.
–¿Entonces por qué es inconstitucional?
–Porque viola el derecho de audiencia y defensa que está previsto y señalado en el artículo 14 constitucional. Aquí no es “porque soy tu padre y ya”, no, dame la audiencia y déjame decirte por qué, porque puede ser una emergencia si alguien lleva prisa, yo le aseguro que 95 por ciento de los que son infraccionados tienen un argumento, habría que oírlos, pero dónde se están poniendo las máquinas, en las bajadas, es como los agentes de tránsito que se ponían detrás de los anuncios y salían y lo infraccionaban.
Agregó que las infracciones no deben ser puestas a los vehículos ni a los propietarios de los vehículos, sino al que vaya conduciendo directamente, así como también debería revisarse quién calibra el radar que detecta la velocidad para asegurar que en realidad las personas que son infraccionadas hayan cometido una falta al exceder los límites de velocidad permitidos en la ciudad.
