El gobierno de Jalisco no espía a periodistas: Mauricio Gudiño
El subsecretario de Administración de la Sepaf salió a defender la compra de esta tecnología al señalar que con ella se han reducido los secuestros y las extorsiones
Por Francisco Andalón López
“Este software tiene un propósito muy claro, que es disminuir el tema de secuestros, cosa que ha sucedido, y el tema de extorsiones, que también ha sucedido”, dijo en un primer momento Mauricio Gudiño, de la Sepaf, quien añadió que por este motivo el recurso estuvo “bien invertido”/Foto: Francisco Andalón López
La compra de un equipo espía a la empresa Hacking Team sólo ha servido para espiar a delincuentes que secuestran y extorsionan, no para mantener una vigilancia extrema a periodistas y activistas, aseguró Mauricio Gudiño Coronado, subsecretario de Administración de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).
“Este software tiene un propósito muy claro, que es disminuir con toda exactitud y precisión el tema de secuestros, cosa que ha sucedido, y el tema de extorsiones, que también ha sucedido; entonces me parece que el recurso que se invirtió en este software es un recurso muy bien invertido”, justificó la compra por parte de la Secretaría General de Gobierno.
El fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, argumentó que la cifra de secuestros se ha reducido considerablemente gracias a esta tecnología: en 2012 se registraron 72 secuestros; para 2013 bajó a 66 la cifra; en 2014 hubo 22, en 2015, 20 y para 2016 se llegaron a 15 secuestros.
“Ha permitido capturar y desintegrar 60 bandas de secuestradores del año 2014 al primer semestre del año 2017, que hemos logrado la detención de más de 100 secuestradores y que también se han rescatado prácticamente a 98 por ciento de las víctimas, lamentablemente dos de ellos fueron victimados antes de que pudiera actuar el área antisecuestros de la fiscalía”, destacó como logros.
Esta empresa italiana de software espía vendió al gobierno del estado el programa denominado Jasmine desde 2014 por el que se pagaron 448 mil euros, lo que representa más de siete millones y medio de pesos, según dio a conocer la Red por los Derechos Digitales en un comunicado, tras un hackeo a esta empresa.
Aunque esta organización consideró que se contraviene con leyes federales, puesto que la Secretaría de Gobierno del estado de Jalisco no posee facultades legales o constitucionales para la intervención de comunicaciones privadas, por lo que la operación y adquisición de los productos ofrecidos por Hacking Team es “categóricamente ilegal”.
En México sólo las procuradurías y fiscalías de los estados, además de la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal están facultados para intervenir las comunicaciones privadas de una persona, siempre exista previa autorización de un juez federal especializado en cateos e intervenciones.
De acuerdo con información publicada por Animal Político el 26 de noviembre del año pasado, 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias.
Se trata de Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
