El alcalde es un abusivo: Salvador de la Cruz
El alcalde tapatío viola los protocolos marcados por los reglamentos municipales, pues asola a dueños de bares y restaurantes argumentando que hacen mucho ruido
Por Rafael Hernández Guízar
Zonas como los alrededores de la avenida Chapultepec, la colonia Providencia y la zona de la glorieta de la Minerva son blanco de operativos municipales en los que se han llegado a las clausuras directas, por lo que es evidente que el ayuntamiento tapatío opera al margen de la ley/Foto: Cortesía
Con abuso de poder y de manera ilegal el ayuntamiento de Guadalajara ejecuta “muchas” de las clausuras de giros restringidos, denunció ayer el regidor priísta Salvador de la Cruz.
Afirmó que en la administración del alcalde Enrique Alfaro, se violentan los procedimientos que deberían seguirse según se marca por los mismos protocolos, algo que deriva en la aplicación de sanciones que causan fuertes menoscabos a la economía de establecimientos como bares y algunos restaurantes, indicando que se trata del nivel de audio –decibeles– que salen de estos.
Y aunque en el ayuntamiento se deben ejecutar los actos administrativos con apego a derecho, se violan los mismos reglamentos municipales al ir directo a la clausura, incluso con la presencia de policías municipales a manera de amedrentamiento a los comerciantes.
“Hay que recordar que es un proceso administrativo, que es un acto, que primero viene el apercibimiento y hasta donde tengo entendido, lo que me han dicho varios es que prefieren pagar la multa para no desgastarse”.
Indicó que las violaciones a derecho con las que se trabaja en la administración tapatía constituyen una ilegalidad, pero que ésta debe ser denunciada por los mismos afectados.
“Lo primero es que se tienen que acercar los vecinos, y conmigo se han acercado dos que prefieren pagar la multa que tener cerrado, y a lo mejor a eso le está apostando la autoridad, a la urgencia de abrir esos giros para efectos de que siga operando y estén actuando así, pero hay que decirlo con toda claridad que el acto administrativo está siendo violentado y están usando argucias de otro tipo, de que encuentran otra situación (droga) para efectos de apretar a los comerciantes de este tipo de giros”.
“Por un lado sí creo que hay un exceso de la autoridad para clausurar, pero por otro lado también estos giros sí se sobrepasan con lo que respecta al ruido”, explicó el regidor priísta Salvador de la Cruz, quien recalcó que por esto debe buscarse el punto medio/Foto: Archivo Pagina 24
Zonas como los alrededores de la avenida Chapultepec, la colonia Providencia y la zona de la glorieta de la Minerva, constantemente son blanco de operativos en los que se han llegado a las clausuras directas, según trascendió; por ello, Salvador de la Cruz argumentó que es latente la ilegalidad del ayuntamiento, sin embargo, reconoció que debe darse un equilibrio que permita a los vecinos de estas zonas tener tranquilidad, pues el ruido de los establecimientos es también una queja ordinaria.
“Sí se necesita que sobre todo a ciertas horas de la noche, los decibeles estén un poco más porque a las 12 que ya está todo callado, pues esos decibeles ya no te dejan dormir y muchos de los que son vecinos sí están enfadados por cuestiones de ruido, tenemos que buscar los contrapesos, por un lado sí creo que hay un exceso de la autoridad para clausurar, pero por otro lado también te digo que estos giros sí se sobrepasan con lo que respecta al ruido”.
Cabe señalar que cualquier acto administrativo que realice una autoridad como es el caso citado del ayuntamiento de Guadalajara, debe estar apegado a la legalidad, so pena de ser inválido y así condonado por los afectados; sin embargo, desarrollar un juicio en el Tribunal Administrativo que deje sin efectos las sanciones puede llevar más tiempo que la segunda opción que se refiere al pago de las multas.
No obstante, no sólo se puede alegar en juicio que estos actos administrativos son ilegales, sino también, se puede demandar al ayuntamiento por daños y perjuicios y exigir una compensación que ayude a reparar los efectos de una acción ilegal, así como el daño que pueda llegar a significar para el establecimiento –siempre que se demuestre a la autoridad– el hecho de que los sellos de clausura estén colocados en su finca por concepto del prestigio que pudiera perder el negocio.
