Si no, el Congreso perderá credibilidad: Guadalupe Morfín
El nuevo defensor de los derechos humanos de Jalisco debe actuar con autonomía y tener amplia capacidad de diálogo para demostrar que trabaja por los jaliscienses, explicó la regidora
Por Elizabeth Ríos Chavarría

La regidora tapatía Guadalupe Morfín Otero pedirá al Congreso de Jalisco “que el proceso sea apegado a lo que señala la propia ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no al margen de intereses de partidos políticos”, pues de lo contrario el Poder Legislativo perderá credibilidad/Foto: Archivo Pagina 24
La regidora de Guadalajara y ex ombudsman del estado Guadalupe Morfín Otero pidió a diputados locales llevar un proceso pegado a legalidad, para que el nuevo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) sea un verdadero defensor del pueblo que actúe con autonomía.
En rueda de prensa, la edil emecista dio a conocer el exhorto que se turnó al Congreso local para que se garantice total transparencia en el proceso. Señaló que si diputados no hacen un trabajo responsable, perderán credibilidad con la ciudadanía.
“El Poder Legislativo de Jalisco tiene en este momento la responsabilidad de dotar al pueblo de una persona con excelentes cualidades para ser su defensor, de hacerlo con un proceso legítimo. Una verdadera defensora o un verdadero defensor capaz de actuar con autonomía respecto de todos los poderes con capacidad de diálogo y con conocimientos y experiencia en el tema”.
Como experta en la materia, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el ayuntamiento de Guadalajara, subrayó la importancia de que el nuevo ombudsman –quien suplirá a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián– tenga una amplia capacidad de diálogo y conocimiento en el tema, a fin de que demuestre estar y trabajar por y para todos los sectores del estado.
Elección que se desarrollará de manera próxima desde el legislativo, en donde diputados se encargarán de llevar el proceso para posicionar al nuevo defensor en materia de derechos humanos. Proceso que deberá ser –reiteró Morfín Otero– transparente, apegado a principios y legítimo.
“De no hacerlo así, el mismo Congreso puede ser sujeto de una pérdida de credibilidad ciudadana en sus deliberaciones. De garantizar que el proceso sea apegado a lo que señala la propia ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no al margen de intereses de partidos políticos (…). Si no actúa así, el Congreso puede propiciar un alto costo político en su contra por la merma y la pérdida de confianza que derive de un actuar contrario al interés general de la población. Deseamos que no sea este el caso, que en cambio los diputados asuman con cuidado y responsabilidad este delicado proceso”.
La petición se trabajó con varias organizaciones civiles expertas en la defensa de los derechos humanos, y se dictaminó en comisiones para salir como exhorto, la cual en la última sesión de cabildo se aprobó para turnarse al Poder Legislativo.
