Incluye castigos especiales a funcionarios públicos
Legisladora local por el tricolor reestructuró su propuesta para combatir ambos delitos; ahora se contemplan penas más severas contra infractores, especialmente si trabajan para el pueblo
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Las penas serán aumentadas en una mitad cuando el delito sea cometido por servidores públicos, además, se impondrá la destitución o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”, detalló la diputada priísta María del Refugio Ruiz Moreno/Foto: Archivo Pagina 24
Con penas más severas, la diputada priísta María del Refugio Ruiz Moreno volvió a presentar la iniciativa para combatir la corrupción y el lavado de dinero; con la reestructuración de toda la propuesta, la legisladora esperará que ahora sí se dictamine a favor en comisiones para turnarse al pleno.
En su momento, quien le dictaminó en contra la iniciativa fue el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Isaías Cortés Berumen, la cual establecía penas de tan sólo seis años de prisión.
Mientras que la actual, impondría de cinco a 15 años de prisión y una multa de cinco a 10 mil veces el equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a las personas que comentan actos ilícitos o se presten para ello, al adquirir bienes de cualquier naturaleza con el pleno conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilegal.
“Las penas previstas serán aumentadas en una mitad cuando el delito sea cometido por servidores públicos; además, se impondrá la destitución o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”, explicó la priísta en rueda de prensa.
Detalló que también se penalizará a la persona que oculte o encubra la naturaleza del acto, así como el origen, destino, movimiento de la propiedad o titularidad de recursos, y derechos o bienes.
Se entenderá que una persona tiene conocimiento de que los recursos, bienes, etcétera, provienen o representen el producto de una actividad ilícita cuando: existan los medios para conocer que los recursos presentan un acto ilegal; se realicen actos u operaciones a nombre de un tercero sin el consentimiento de éste, o sin título jurídico que lo justifique; no se actualice la gestión de negocios en términos de la legislación aplicable, salvo que el tercero resulte beneficiado; y ser omiso en realizar las declaraciones o avisos de las autoridades competentes.
“Las penas serán aumentadas en una mitad cuando el delito sea cometido por servidores públicos, además, se impondrá la destitución o inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta”, agregó Ruiz Moreno.
