Concluye la CEDHJ en recomendación a fiscalía central
A los familiares de las víctimas mortales se les debió de haber ofrecido una atención oportuna y rápida, para cuando menos, ayudarlos con los gastos funerarios, algo que no ocurrió
Por Francisco Andalón López
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación a Marisela Gómez Cobos, fiscal central, por la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por la negativa de asistencia urgente e inmediata a víctimas de la balacera que se registró en Plaza Independencia el pasado viernes 17 de febrero.
Este suceso ocurrió cuando custodios de valores llevaban dinero al camión que se encontraba en el estacionamiento y fueron interceptados por ladrones, quienes trataron de despojarlos del efectivo, pero al negarse, se desató un tiroteo en el interior del centro comercial.
El saldo: un custodio y un civil fallecidos, argumentando de este último que se trataba de un ratero, cuando en realidad fue un plomero que acababa de salir de trabajar y acudió al cajero automático a sacar dinero para llevarlo a su esposa e hija.
De acuerdo con la ley de atención a víctimas, a los familiares de las víctimas mortales se les debió de haber ofrecido una atención oportuna y rápida, para cuando menos, ayudarlos con los gastos funerarios, algo que no ocurrió.
La Cedhj comenzó con una queja oficiosa por estos hechos, luego de conocer varias versiones de notas periodísticas en donde se señalaba que los familiares y las víctimas habían quedado en total indefensión, por lo que solicitaron hasta el jueves 23 de febrero, un informe sobre las acciones implementadas hasta el momento, mismo que fue entregado cinco días después.
“Se advirtió que el personal de la Agencia del Ministerio Público 8 de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos fue omiso en proporcionar a los familiares de los fallecidos, en su calidad de víctimas del delito, asesoría legal, atención, asistencia y rehabilitación inmediata y urgente, a lo que está obligado, de acuerdo con la Ley General de Víctimas y la de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco”.
“Pues a pesar de que sus respectivas cónyuges comparecieron el 18 de febrero de 2017 a la agencia ministerial, donde les hicieron saber sus derechos, no fue sino hasta los días 23 y 24 de ese mes y año, respectivamente, cuando por oficios se notificó a Ciencias Forenses y al Centro de Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y Testigos del Delito de la Fiscalía de Derechos Humanos para que se les practicaran dictámenes de impacto emocional a fin de determinar el daño moral, y para que se les proporcionara asesoría legal y apoyo psicológico e integral”, según Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ombudsman jalisciense.
Por lo anterior es que se recomendó a Gómez Cobos identificar a los servidores públicos omisos, que inicie, tramite y concluya los procedimientos sancionatorios que correspondan y que se repare el daño a los deudos de los finados agraviados.
