No está prohibido en la ley, el argumento de legisladores
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Bajo el argumento de que no se encuentra prohibido en la ley, diputados en Comisión de Puntos Constitucionales desecharon la iniciativa del legislador independiente Pedro Kumamoto Aguilar, en la que se contemplaba darles el derecho a las personas para elegir el orden de los apellidos paterno y materno en las actas de nacimiento.
Al respecto, la presidente de mencionada comisión, la priísta Rocío Corona Nakamura, explicó que el asunto no consiste en modificar el Código Urbano, sino en modificar los formatos en el registro civil.
“Se está rechazando regular el orden de los apellidos por razón de que no existe obstáculo legal, la ley no lo prohíbe y los padres y madres de familia pueden decidir libremente qué apellido debe de ir primero. Este no es un tema legislativo, es administrativo y la solución no está en cambiar el Código Civil, sino hacer una correcta lectura de la ley y en todo caso, si hubiese formatos por parte de los ayuntamientos en el registro civil, pues tengan que hacer las modificaciones y adecuaciones correspondientes”.
Abundó que la ley no establece el orden en que se tienen que poner los apellidos, pero que con el tiempo se ha normalizado el escribir primero el paterno y después el materno.
Explicó que sólo es cuestión de hacer una mejor y más correcta lectura de la ley, y que los padres están en la actualidad en su total derecho de elegir qué apellido va primero sin que exista algún impedimento desde el registro civil.
Sin embargo, en la actualidad sí pueden existir problemas en el registro civil, al no conocer bien la ley los encargados se pueden negar para ir en contra de lo establecido, motivo por el cual la priísta aseguró que sólo es cuestión de información y cambio en formatos.
“No señala nuestro Código Civil que deba de llevar primero el apellido paterno, luego materno. No establece un orden preciso. Lo que no está prohibido está permitido. Es una situación de tipo administrativo que se tiene que resolver. El problema no está en modificar la ley, está en los ayuntamientos, en sus formatos que hagan las adecuaciones tal como los tiene la dirección general del registro civil del gobierno del estado”.
