Las decisiones del corrupto magistrado dañaron a Jalisco: Diputados
El funcionario de la sexta sala del TAE tendrá la oportunidad de comparecer para defenderse. En la sesión del pleno, los legisladores locales también dieron entrada a la solicitud de juicio político contra Aristeo Mejía, director del SIAPA
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Los diputados concluyeron que existen elementos para afirmar que de acuerdo a la ley de responsabilidades el magistrado Alberto Barba afectó con sus actos al interés público, “es lo que se está refiriendo, que con su actuar está perturbando la vida pública”/Foto: Archivo Página 24
Diputados locales aprobaron iniciar dos juicios políticos en contra del magistrado Alberto Barba Gómez, por resoluciones o afirmativas fictas que generaron afectaciones al interés público y daños ambientales; una vez que sea notificado, el también presidente de la sexta sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) tendrá la oportunidad de comparecer para defenderse.
Ambos procesos corresponden a las peticiones de juicio político presentadas, en su calidad de ciudadanos, por los alcaldes emecistas de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro, quienes en su momento denunciaron una serie de resoluciones emitidas por el magistrado, que dieron pie a construcciones irregulares que dañaron a ambos municipios.
Por su parte y luego de que se aprobara en Comisión de Responsabilidades, su presidenta la panista María del Pilar Pérez Chavira, informó que el magistrado podrá comparecer para abonar en su defensa, aunque esto podría ser por escrito y no necesariamente presencial.
“Se concluye de lo que ha sido analizado, que existen elementos por el cual puede estar definiendo que hubo afectación de acuerdo a la ley de responsabilidades del interés público, es lo que se está refiriendo; sobre todo al artículo séptimo y que con su actuar, está afectando o perturbando la vida pública”.
Explicó que parte de los casos por los cuales se obtuvieron los elementos para aprobar este proceso fueron por la existencia de la gran cantidad de asuntos relacionados a afirmativas fictas; es decir, la autorización para construir en algunos lugares donde hay restricciones.
Con lo ya aprobado, el magistrado deberá ser notificado en los siguientes cinco días hábiles para que entonces, “pueda acudir y decir lo que a su derecho convenga, y entonces se citará para hacer la sesión en la cual se definan los argumentos, se debatan y se concluyan”.
Si en su caso Barba Gómez no responde en los siete días que tendrá para hacerlo luego de que se le notifique, los procesos de juicios políticos presentados por los emecistas de Guadalajara y Zapopan continuarán su curso. Posterior a estos plazos, se tendrá hasta 45 días para resolver el juicio en su totalidad.
Los naranjas ‘celebran’
Luego de postergar por más de dos horas la sesión extraordinaria para votar el inicio o no de estos procesos de juicio político, al término de la misma los alcaldes Enrique Alfaro y Pablo Lemus se presentaron para posicionarse al respecto.
Celebraron la ´voluntad´ de todas las fracciones parlamentarias por sacar al tema, el cual por cierto se adjudicaron como propio al ser “los primeros” en presentar las peticiones de juicio en contra de Barba Gómez.
Se levantaron el cuello por mencionado caso, pero poco abordaron el del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Luis Carlos Vega Pámanes, cuyas solicitudes –las seis que existen en contra de él– continúan sin ser resueltas, aun cuando emecistas habían asegurado que actuarían tajante y eficazmente.
Contra el director del SIAPA
También y durante la sesión, diputados aprobaron iniciar proceso de juicio político contra el director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Aristeo Mejía; esto por el incumplimiento de pago de una indemnización debido al deceso de una persona en 2015, suscitada por el mal mantenimiento en una de las alcantarillas.
“Es un accidente que se generó a efecto del mal mantenimiento de las alcantarillas y que ocasionó la muerte de una persona. Entonces, se demanda la indemnización correspondiente una vez que se agotan los procesos, no se acepta y acude la persona a reiterar su petición, se ordena por un tribunal y se niegan nuevamente a hacer esta indemnización, por lo que acude a presentar una denuncia de juicio político por incumplimiento de resoluciones”, explicó la legisladora.
