La ley de atención a víctimas no nos apoya en nada, lamentan
Aquel viernes 17 de febrero que se desató el infierno en Plaza Independencia cambió la vida de muchas personas, quienes aún viven el calvario de la inoperancia y la falta de interés del gobierno de Jalisco, manifiesta en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Por Francisco Andalón López
Un viacrucis han vivido víctimas del enfrentamiento entre custodios de valores y ladrones el pasado viernes 17 de febrero en Plaza Independencia, ya que pese a existir una ley de atención a víctimas con reglas claras para ofrecerles ayuda, las autoridades han sido omisas/Foto: Archivo Pagina 24
Un viacrucis es lo que han tenido que pasar las víctimas del enfrentamiento que se registró entre custodios de valores y ladrones la tarde del pasado viernes 17 de febrero en Plaza Independencia, y pese a existir una ley de atención a víctimas con reglas claras para ofrecerles ayuda, simplemente han sido abandonados a su suerte.
Aquél día, en la refriega, murió un custodio de valores y un civil, que en primera instancia se le señaló como uno de los ladrones, pero no lo era. Su nombre era Juan José, tenía 41 años de edad y su oficio era plomero, por lo que acudió a este centro comercial a hacer el retiro de su sueldo semanal para llevarlo a casa.
Su esposa, Esmeralda Ojeda Luna, esperaba junto a su hija de 13 años que llegara su marido, pero nunca llegó. La preocupación le acompañó, realizó una cantidad incuantificable de llamadas a su celular pero Juan José no contestó.
Al día siguiente comenzó el calvario de buscar a su marido en puestos de socorro y con familiares, hasta que un tío de su esposo le indicó que el último lugar en el que se le vio fue en Plaza Independencia. El temor se hizo realidad al encontrarlo en la morgue, aun siendo señalado de ser uno de los ladrones, que un par de días después se aclaró que se trataba de un civil.
Si de por sí fue abrumador encontrar a Juan José sin vida, lo fue aún más el tener que llevar a cabo todos los trámites sola, sin el apoyo de autoridad alguna y menos de algún integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Lo que ahora exige Esmeralda es justicia y que el nombre de su esposo sea limpiado.
“Nomás pedirles que me ayuden a que se aclare todo eso y se haga justicia, eso es lo único que les pido”, señaló esta mujer quien lamentó que pese a haberse aclarado que no se trató de uno de los delincuentes, no le querían regresar las pertenencias de Juan José, como su mochila, celular y cartera.
José García Acosta fue uno de los ocho heridos en la balacera. Aquella tarde de viernes acudió como muchas otras ocasiones a comprar helados a sus dos hijas; cuando se desató el enfrentamiento, José las tomó entre sus brazos y con su cuerpo quiso cubrirlas para que no perdieran la vida.
Una de sus hijas, de 13 años, recibió un rozón de bala en la pierna que no ameritó mayor atención, pero él sí recibió un balazo en el brazo, que se incrustó en el hueso; tras esperar más de media hora, fue trasladado a la Cruz Roja del Parque Morelos, en donde le sacaron una radiografía, le hicieron una curación superficial y le colocaron yeso.
El diagnóstico no lo convenció así que acudió a la Cruz Verde, puesto que sentía que tenía algo más grave. El diagnóstico fue el mismo tras una “revisión exhaustiva por encimita”. Tuvo que acudir a un hospital privado, en donde le dijeron que su herida era muy severa, que requería una placa y un implante, cirugía con un costo de 100 mil pesos.
En este caso, José también fue abandonado a su suerte, por lo que ayer acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) para interponer una queja por la mala atención que recibió en la Cruz Verde.
“Venimos por lo del balazo que recibí, a ver si hay la manera de que nos apoyen económicamente con todos los gastos hospitalarios que tuve. Yo quedé endeudado por las curaciones que tuve, lo que se trata es para obtener el dinero de los gastos hospitalarios para pagar, ahorita en el costo van 129 mil pesos, todo ha sido a base de préstamos, de aquí y de allá”, señaló tras interponer la queja.
En el caso de la Cruz Roja, pese a no haber sido atendido puntualmente como su lesión lo requería, nada puede hacer la CEDHJ por ser una instancia privada, aunque reciba dinero público y para este año se les tenga que dar de manera forzada 20 pesos por cada automóvil del que se pague el refrendo.
Víctimas en la indefensión
De acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas existe una comisión ejecutiva que entre sus funciones, según la fracción II del artículo 64 se encuentra el “promover el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social”.
También la fracción IV establece que deben “desarrollar las medidas previstas en esta ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo”, por lo que, tras ocurrida la balacera, debieron de haberse acercado a los heridos y a los familiares de Juan José, que falleció en la refriega, pero esto no ocurrió.
Página 24 solicitó una entrevista con Krystian Felype Luis Navarro, secretario técnico de esta comisión, pero la respuesta fue que la balacera y las víctimas no tenían relación, algo que se contrapone con lo establecido en el artículo 4 de la ley.
“Para los efectos de esta ley, se consideran víctimas aquellas personas físicas que hayan sufrido directa o indirectamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, en los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado de Jalisco y demás normativa aplicable, derivadas de una averiguación previa, un procedimiento penal, o administrativo, o en su caso en una carpeta de investigación”.
Al cuestionar sobre este artículo, ofreció una entrevista en donde indicó que la comisión ejecutiva no puede atender a las víctimas porque no existe una sentencia o una recomendación de la CEDHJ.
“Una fase, que le llamamos la primera fase, que es de buena fe, tan pronto llega la persona, se le decide una fecha para que reciba atención multidisciplinaria y entonces un abogado, un trabajador social, un médico y un psicólogo lo atienden, si él quiere todos al mismo tiempo, hacemos la atención multidisciplinaria, si quiere uno por uno, como decida la víctima y le asignamos un abogado para que lleve su caso, es decir un abogado gratuito, algo que no existía antes”, consideró.
Sistema Estatal de Víctimas, inútil
Ante estas situaciones burocráticas, el encargado de analizar estos casos sería el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, quien también es el superior jerárquico de la comisión ejecutiva, que entre sus facultades está “la formulación de políticas públicas en el estado de Jalisco y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, estrategias institucionales e interinstitucionales, y demás acciones que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local y municipal”.
Pero este sistema no ha sesionado en al menos un año tres meses, reconocieron los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Antonio López Orozco y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Saúl Galindo Plazola, quienes descartaron haber sido convocados en este tiempo desde que inició esta Legislatura.
“No, hasta este momento no he sido convocado, pero con todo gusto estaremos al pendiente para que cuando nos inviten y podamos hacer aportaciones para mejorar las condiciones o lo que nos toque como Congreso Local, por supuesto que estamos con la mejor disposición de contribuir para ello”, según el legislador priísta.
“No, no, en este tema de atención a víctimas no hemos sido convocados como sí lo hemos sido en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, digo igual en el Instituto de Justicia Alternativa, donde la Comisión de Justicia tiene asiento hemos sido convocados en dos de ellos, en atención a víctimas no hemos sido convocados”, de acuerdo con el perredista.
Según la ley de atención a víctimas, los integrantes de este sistema deben de sesionar cuando menos cada tres meses o antes si es necesario para analizar el funcionamiento de la normativa o si requiere algún cambio y la convocatoria debe hacerla el presidente del mismo, es decir, el gobernador del estado, que en este momento es Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y en caso de sus ausencias, quien tendría la encomienda de hacerlo sería el secretario General de Gobierno, es decir, Roberto López Lara.
Del Poder Ejecutivo, en este sistema participan el gobernador, el secretario general y el fiscal general; del Poder Judicial, está el presidente del Supremo Tribunal, un consejero de la Judicatura, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el delegado de la Cruz Roja.
De parte del Congreso, los integrantes del sistema son los presidentes de la Comisión de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos, que en estos casos son: Antonio López, Saúl Galindo, y la diputada del PRI, María del Refugio Ruiz, respectivamente.
Ante estas deficiencias y desatenciones, a las víctimas no les queda más que esperar de la buena voluntad de las autoridades o que alguna instancia haga valer la ley tal como se estableció desde el 27 de febrero de 2014, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado.
