“Nos trató como si fuéramos delincuentes”, dicen

El fiscal Almaguer coartó nuestro derecho a manifestarnos el 31 de enero, pues en vez de buscar a los criminales, mandó sus policías a reprimirlos; por esto, interpondrán queja ante la CNDH

Por Francisco Andalón López

“El único pecado que tenemos es exigir nuestros derechos, que se nos paguen nuestros terrenos, porque, no dejaremos de hacerlo, lo vamos a hacer, pase lo que pase”, tronó el líder de los inconformes del ejido El Zapote sobre las órdenes del fiscal de Jalisco sobre reprimir cualquier forma de protesta en el aeropuerto/Foto: Cuartoscuro

“El único pecado que tenemos es exigir nuestros derechos, que se nos paguen nuestros terrenos, porque, no dejaremos de hacerlo, lo vamos a hacer, pase lo que pase”, tronó el líder de los inconformes del ejido El Zapote sobre las órdenes del fiscal de Jalisco sobre reprimir cualquier forma de protesta en el aeropuerto/Foto: Cuartoscuro

Ejidatarios de El Zapote fueron tratados como delincuentes el pasado martes 31 de enero en el desalojo que llevaron a cabo policías federales y estatales mandados por Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal de Jalisco, coartando así su derecho de manifestación, consideró el presidente del comisariado ejidal, Nicolás Vega Pedroza.

En conferencia de prensa en la que estuvo presente Página 24, lamentó que se les impida el acceso a los terrenos que dijo todavía son suyos, puesto que aún no se los han pagado, violentando su derecho al libre tránsito y criticó el que en vez de andar buscando delincuentes, se les persiga a ellos, aunque también reconoció que este hecho se debe a que “a los malos sí les tienen miedo”.

“En lugar de cuidar a la ciudadanía de la delincuencia, está queriendo agarrar a los ejidatarios que el único pecado que tenemos es exigir nuestros derechos, que se nos paguen nuestros terrenos, porque, no dejaremos de hacerlo, lo vamos a hacer, pase lo que pase” aseveró.

Por estos hechos presentaron una denuncia contra Eduardo Almaguer ante la Procuraduría General de la República (PGR), una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el actuar de policías federales e interpusieron una denuncia de juicio político en el Congreso por abuso de autoridad y no respetar la Constitución, que permite la libertad de manifestación.

“Y eso le pedimos al fiscal que saque las manos, ha hecho este tipo de actos en otro tipo de juicios diversos, ese es el quehacer del fiscal ahora, no detiene a delincuentes, sino que detiene a ciudadanos organizados y los hostiga”, añadió Maximiliano Lomelí Cisneros, abogado del ejido.

En este tema, Roberto López Lara, secretario General de Gobierno, había explicado que el desalojo ocurrió porque existe una orden de un juez mercantil para que no se permita que se tome el estacionamiento y para que no se paren las obras.

Aunque el ejido consideró que se está abusando de estos recursos legales, puesto que un juez federal ya mandató el pago de los terrenos y hasta que no se cubra el monto, el lugar se quede como está.