Alberto Castellanos y Carlos Trejo, cercanos al gobernador y poco viables
La ley señala que los aspirantes deben tener más de un año de haber dejado el cargo en el gobierno estatal, aspecto que ambos incumplen; además, Castellanos tiene una sentencia federal en su contra, lo que le impediría aspirar, en tanto que a Trejo le falta “añejar” su título profesional
Por Rafael Hernández Guízar
Hay una sentencia federal en contra de Rafael Castellanos en la que se descubrió que “hubo irregularidades” al momento de su designación como director del IJA, lo cual vulnera el artículo 59 de la Constitución jalisciense y que motivó su salida del cargo en 2013; luego fue designado fiscal central, hasta su salida unos meses atrás/Foto: Archivo Página 24
Dos hombres cercanos a Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, inscritos en el proceso para ser electos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia violan las disposiciones de la Constitución estatal.
Se trata del ex fiscal central, Rafael Castellanos y el procurador social Carlos Trejo; en el caso del primero, fue removido el año pasado tras el asesinato a una trabajadora de la misma fiscalía luego de que un hombre baleara a varias personas al estallar en cólera por no ser atendido; Castellanos incumple con lo dispuesto en el artículo 59 del máximo ordenamiento legal en Jalisco.
En el punto IV de dicho artículo, sentencia que quien busque la magistratura, no deberá contar con antecedentes penales, o con cualquier señalamiento del orden jurídico en su contra –una sentencia– que ponga en duda su buen nombre, lo cual contrasta con la sentencia del juicio de amparo 1956/2012 donde se señalaron violaciones al debido proceso a su llegada al Instituto de Justicia Alternativa.
Hay pues una sentencia federal en su contra en la que se descubrió que “hubo irregularidades” al momento de su designación como director del IJA, lo cual vulnera el artículo 59 de la Constitución jalisciense y que motivó su salida del cargo en 2013 para luego ser designado como fiscal central.
Este mismo cargo, perteneciente al Poder Ejecutivo, es decir, la administración del gobierno del estado, le hace incurrir en una nueva violación, al requerimiento V del mismo artículo donde se impide, pues cita que para ser magistrado es necesario: “no haber sido gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, fiscal general, integrante del Consejo de la Judicatura, diputado local, presidente, síndico o regidor de ayuntamiento durante el año previo al día de la elección”, y justamente, la fiscalía central es un cargo que bien podría equipararse a una jefatura al depender de un fiscal central y estar dentro de una institución administrativa –procuradora de justicia, pero administrativa–.
Esta información, la cita también la revista Proceso en el artículo titulado “Aristóteles y los priístas buscan colocar a un magistrado afín a su partido”, escrito por el periodista Alberto Osorio Méndez.
En el cuerpo de este trabajo periodístico, señala que fue “Gabriel Valencia”, hermano del diputado del partido Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia quien ganó dicho juicio de amparo con el número de expediente 1956/2012, promovido ante el juzgado 3 de distrito con sede en Culiacán, Sinaloa, con lo cual Castellanos perdió la representación como director del IJA y así, “fue bloqueado”, señala la publicación.
Demasiado joven
Para el caso del procurador social, Carlos Trejo, el hecho de haber registrado su título y tramitar su cédula profesional ante el Registro Estatal de Profesiones del Estado de Jalisco el 21 de octubre del 2013 le impide igualmente ser contendiente, pues el mismo artículo 59 de la Constitución de Jalisco señala en el numeral III, donde se exige al menos 10 años de haber hecho este trámite administrativo.
“Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la Dirección de Profesiones del Estado”.
Asimismo, el numeral V del mismo apartado, le impediría llegar al cargo, pues al ser procurador social, es titular de una de las dependencias de la administración pública estatal, lo cual es marcado como una negativa por el principio de imparcialidad.
En esta misma publicación de Proceso, trasciende que existe una larga lista de aspirantes al cargo de magistrado, entre ellos destaca también el nombre del doctor Francisco Jiménez Reynoso, quien es académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
