Fueron “complacientes” con ejidatarios; buscan castigarlos
Autoridades estatales y federales fueron omisas para actuar ante delitos cometidos en las instalaciones aeroportuarias, critican
Por Francisco Andalón López
Los amparos se presentaron para que sean admitidas las demandas que interpusieron ante la FGE y la PGR y para que se castigue a las autoridades omisas, informó Rodolfo Monarque Ureña, abogado de organismos empresariales/Foto: Francisco Andalón
Ejidatarios de El Zapote cometieron varios delitos penales al tomar parte de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara “Miguel Hidalgo” durante septiembre, para hacer presión para el pago por la expropiación de sus terrenos para la construcción del inmueble y autoridades estatales y federales fueron omisas para actuar, denunció Rodolfo Monarque Ureña, abogado de organismos empresariales.
Según el litigante, los delitos que se cometieron fueron contra el libre tránsito, ataques a las vías generales de comunicación, delitos de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público y de despojo, que están dispuestos en los artículos 167, 170, 185 y 395 del Código Federal de Procedimientos Penales y nadie hizo nada al respecto para frenarlos.
“Y es que las autoridades no sólo no reaccionaron de acuerdo a la ley ante la comisión de delitos en flagrancia realizando las detenciones correspondientes, sino que complacieron la toma del aeropuerto permitiendo indefinidamente dichos actos sin tomar las medidas pertinentes para desactivar el o los delitos y en su caso resguardar y proteger las instalaciones del aeropuerto”, lamentó el abogado.
Rodolfo Monarque es abogado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, del Consejo Agropecuario de Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Guadalajara, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Occidente, quienes trataron de llevar a cabo acciones legales en contra de la toma de la terminal aérea.
Presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) por estos delitos, pero las denuncias no fueron admitidas, lo que les llevó a interponer un par de amparos ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparos Penales para que éstas sean admitidas y para que se castigue a las autoridades omisas.
Los señalados son los titulares de la PGR, que entonces era Arely Gómez, el delegado de esta dependencia federal, así como el fiscal general, Eduardo Almaguer, y contra el fiscal central, por la omisión de admitir las denuncias penales; la negativa de aceptar diversas pruebas tendientes a acreditar los hechos denunciados; la omisión de actuar ante la probable comisión de delitos, es decir, de investigar y perseguir los mismos y restablecer el Estado de Derecho; la omisión de respetar y hacer valer los derechos fundamentales de las víctimas de delitos, en este caso, los de la sociedad en general, donde le resulta el carácter de víctima y hasta el momento no ha obtenido la protección oportuna y completa del Estado, entre otras.
