Necesitamos recursos, personal, no reforma: Héctor Pizano
El secretario del Trabajo en Jalisco señaló que al mes arriban entre dos mil y tres mil expedientes más, por lo que no se dan abasto –ni hay las suficientes salas– para atender las demandas
El rezago se remonta a los años 90, cuando se atendieron miles de casos menos
Por Francisco Andalón López
“Ya sea en el modelo actual o tripartita o en el modelo del Poder Judicial, si no tiene los recursos suficientes para infraestructura y personal difícilmente va a poder hacer frente a esta carga de trabajo”, consideró el secretario del Trabajo sobre la sobrecarga de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y las posibles ‘reformas’ a este órgano/Foto: Francisco Andalón López
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) tiene 88 mil expedientes en proceso de resolución y cada mes llegan entre dos mil y tres mil casos más, reconoció Héctor Pizano Ramos, secretario del Trabajo y Previsión Social.
Ante esta situación, más que una reforma en materia laboral que cree un Tribunal de Justicia Laboral dependiente del Poder Judicial, lo que se requiere es más personal para atender toda esta cantidad de demandas y dinero para abatir este retraso con la creación de más salas.
“Ya sea en el modelo actual o tripartita o en el modelo del Poder Judicial, si no tiene los recursos suficientes para infraestructura y personal difícilmente va a poder hacer frente a esta carga de trabajo”, consideró el funcionario estatal.
“Hoy tenemos cerca de 88 mil expedientes en curso, no rezagados, en curso y obviamente cada mes se están turnando de dos mil a tres mil expedientes más, más todos los asuntos que afortunadamente vía conciliación resolvemos y no llegan a ser expedientes que en promedio al año pueden ser más de 20 mil asuntos”, reconoció.
Actualmente se cuenta con 17 juntas de conciliación en donde se dirimen estos asuntos y con la reforma laboral se espera que cuando menos se cuente con 25 juzgados para reducir los tiempos en que se dicte una sentencia.
Rezago heredado
El problema de la Junta de Conciliación y Arbitraje se vino arrastrando desde la década de los 90; de 1991 al año 2013, se presentaron un total de 234 mil 70 demandas laborales y apenas fueron resueltas 129 mil 10, por lo que para entonces quedaron 105 mil 60 casos pendientes y en tres año, se logró reducir la cantidad a 88 mil.
Tomando en cuenta estas cantidades, entre 1991 y 2013, el promedio de resolución de expedientes fue de 19 mil 500 por año, cantidad que se mantiene, aunque también se requiere aumentar la capacidad para estar al día, aunque esto resulta complicado debido a que, pese a que en teoría los juicios tendrían que resolverse en un plazo máximo de un año, lo cierto es que muchos duran más puesto que se van a instancias superiores porque los demandantes no están de acuerdo con las sentencias.
Modelo ineficiente
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en 2012 a 402 expedientes y se encuestaron a 400 demandantes, 102 abogados y 97 servidores públicos.
Las conclusiones de dicho estudio se vertieron a través de varias preguntas, como por ejemplo, “¿por qué mientras un abogado particular de Jalisco participa en 74 conflictos laborales al año, el servidor público lo hace en mil 267?”
“¿Por qué de 402 expedientes analizados, solamente en 0.5 por ciento se dictó laudo (resolución)? ¿Por qué tanto abogados laboralistas como servidores públicos coinciden en que las condiciones de la JLCA no son las óptimas para su correcto funcionamiento?”.
“¿Por qué no hay información de aplicación de sanciones por testimonios o documentos falsos? ¿Por qué no se aprovechan mecanismos de conciliación para evitar carga de trabajo ineficiente en la JLCA? ¿Por qué se demanda más con pruebas confesionales que periciales?”.
Por lo anterior es que se hicieron varias recomendaciones, entre ellas analizar la distribución del trabajo en esta instancia, más capacitación de personal, que la procuraduría del trabajo sea más participativa, digitalización de los documentos y expedientes para una impartición de justicia más pronta.
Además, la instalación de salas orales, que las sanciones sean más eficaces para quien promueva la corrupción en esta instancia, que se cree un manual ciudadano de derechos y obligaciones en lenguaje ciudadano para saber cuál es la ruta a seguir y no tener que perder más tiempo.
