Ponen candados a compras de estado y municipios
En sesión de pleno, diputados eliminaron las adjudicaciones directas… salvo en temas como seguridad, protección civil y salud pública; y no faltó quien elogiara la “transparencia” de esto
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Diputados locales aprobaron la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la cual apretarán el cinturón a municipios y el estado respecto a las compras que realizan; a fin de eliminar los moches y los favores a “amigos”, prohibieron las adjudicaciones directas, estableciendo como regla las licitaciones públicas.
En sesión de pleno del Congreso del Estado, diputados aprobaron mencionada ley con la cual pondrán más candados a las compras realizadas en el estado y municipios. Eliminando las adjudicaciones directas, salvo para temas relacionados con la seguridad, protección civil y salud pública, también darán apertura para las denuncias de las mismas empresas por anomalías.
Al ser una iniciativa trabajada por las fracciones parlamentarias del PAN y MC, el coordinador de los diputados blanquiazules, Miguel Ángel Monraz Ibarra, explicó que se asentarán requerimientos más rigurosos, para que las licitaciones de los municipios y estado se hagan de manera transparente.
“Hoy tenemos una ley que define de manera más clara el cómo se tendrá que llevar las compras en el estado, donde mayoritariamente van a estar representados los organismos de la sociedad civil; hoy todavía se hicieron algunas modificaciones donde se incluye a los jóvenes empresarios, que nos da esto una mayor apertura y una mayor transparencia”.
Aunque las adjudicaciones directas desaparecerán con excepciones, Monraz Ibarra calificó la aprobación como un logro, pues dentro de los requerimientos se incluye que se comprueben la acreditación de las empresas concursantes en las licitaciones, para demostrar que no son fantasmas.
Sin contar, la desaparición de las invitaciones restringidas y el mínimo interpuesto de tres proveedores; la participación de las cámaras empresariales en los Comités de Adquisiciones, para lograr una mayor inserción social; y la apertura a la denuncia por parte de los mismos empresarios, si llegasen a detectar irregularidades en las licitaciones del estado o municipios.
Además, se establecerá la obligatoriedad para que al menos 10 por ciento de las compras públicas se asignen a empresas en consolidación y que acrediten para su registro como proveedor tener antigüedad no menor a un año ni mayor a cinco, y ser presididas por una persona física no mayor de 35 años de edad.
“No le estamos dejando la carga a los empresarios, no le estamos dejando la carga a quienes aspiran a tener un contrato por parte del estado o municipio, lo que sí tenemos que darles son las herramientas para que ellos puedan denunciar de manera formal, porque también ellos entrarán como corresponsables, si son ellos presionados por alguna autoridad municipal o estatal”.
Al dotar de herramientas a los organismos empresariales para que denuncien anomalías, se establezcan más requerimientos para que las empresas que concursen, demuestren fiabilidad, y con la prohibición de las adjudicaciones directas –dándole paso a las licitaciones públicas–, a menos que sean temas de seguridad, protección civil y salud pública, se logrará inhibir, según dijo el diputado Monraz Ibarra, la corrupción, el compadrazgo y favoritismo que podría existir entre los municipios y el estado, con las empresas a las que favorecen con licitaciones millonarias.
