En la administración anterior, aclara Alberto Uribe
El actual alcalde se dijo sorprendido del hecho, porque en los archivos del ayuntamiento no aparece la carta de no antecedentes del hijo de “La Pistola”; cuestionó además que si ya sabían que era criminal, por qué no lo detuvieron antes
Por Rafael Hernández Guízar
“Me extraña mucho que un operador financiero del narco, tenga que meter a su hijo, a trabajar y a ganar 22 mil pesos, como que no me cuadra tampoco (…). Si hubiera señalamientos (en su contra) lo hubiesen detenido desde que era asesor de la fracción del PRI y tampoco se detuvo”, criticó Alberto Uribe, alcalde tlajomulca/Foto: Francisco Tapia
Uno de los hijos del presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Sergio Kurt, trabajaba en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en la pasada administración afirmó el alcalde de ese municipio Alberto Uribe Camacho.
En entrevista, detalló que se desempeñaba como jefe de área y percibía alrededor de 22 mil pesos mensuales, algo que sorprendió al mismo munícipe pues no creía posible que el hijo de un integrante del CJNG trabajara dentro de un ayuntamiento.
“Yo creo que no se sabía porque era asesor de los diputados de la cámara federal, aquí lo podías ver haciendo trámites en los municipios, la información que tuve es que había sido jefe de los reclusorios, yo pensé que había sido director y evidentemente, en el caso del hijo, acabo de pedir el expediente y estuvo con nosotros en la pasada administración y uno de los requisitos que se pide contratar es la carta de policía y la expide el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y en la carta de antecedentes penales no aparece, no había información de ninguna autoridad. Es información que nadie tiene certidumbre”, dijo.
Y siguió: “Me extraña mucho que un operador financiero del narco, tenga que meter a su hijo, a trabajar y a ganar 22 mil pesos, como que no me cuadra tampoco (…). Si hubiera señalamientos (en su contra) lo hubiesen detenido desde que era asesor de la fracción del PRI y tampoco se detuvo, esta información al final no tiene claridad de parte de nadie de que tuviera información con ningún cártel, hay que tener pruebas para hacer los señalamientos, como presidente municipal te juegas la vida, a cuántos no han matado”.
No al retiro de camiones
En otro orden de ideas, el alcalde se pronunció en contra del retiro de unidades del transporte público con permisos federales; dijo que la afectación sería para alrededor de 108 mil usuarios que se han asentado en este municipio.
“El anuncio lo hizo ayer la Secretaría de que va a empezar a detener el tema, la petición, la súplica a la Secretaría es que no retire estas rutas, mientras tanto no meta nuevo transporte público, no se vale que la Secretaría se dedique a defender al sindicato predominante y a los transportistas y a los usuarios nadie los está defendiendo”.
Alberto Uribe, aclaró que debe entenderse por la Secretaría de Movilidad el grado de afectación que se sufriría: “Que no nos retiren el transporte público de ruta federal hasta en tanto no tengan nuevas rutas, hasta en tanto no tengan más camiones e ir entendiendo que es una apesta central de nosotros ir teniendo transporte; aquí tenían que mandar la línea 3 del tren ligero y la mayor cantidad de gente que han comprado vivienda en este lugar no tiene vehículo y no es justo”, agregó.
“Es lo que estamos defendiendo, el favor al secretario para que no retire y no haga operativos de hacer una aduana en periférico y López Mateos, esa es evidentemente un posicionamiento de nuestra parte y por otra parte, insistir en lo que pasa, lo que se documenta todos los días, los agentes que hacen operativos para multar, para extorsionar a los ciudadanos, hay muchas quejas y no tenemos agentes de tránsito en la cabecera, en San Sebastián, en el Nodo Concepción, en lugares donde necesitamos a que nos ayuden a agilizar el tráfico, no hay un solo elemento participando”.
El retiro se haría a la empresa River que presta el servicio con 155 camiones, de darse este operativo, Alberto Uribe sostuvo que promovería una queja colectiva en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
