Fiscal de DH se lanza contra servidores públicos “chuecos”

Deben ser los primeros en cumplir la ley, advierte Dante Haro

Fue separado de su cargo y se le aplicarán penas al encargado de la unidad canina de la FGE, por haber provocado que una de sus trabajadoras –embarazada– perdiera su bebé

Por Francisco Andalón López

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha dado de baja a alrededor de 280 servidores públicos que han cometido irregularidades y han faltado a las normas y reglas con las que deberían manejarse, consideró Dante Haro Reyes, fiscal de Derechos Humanos.

En entrevista, el funcionario estatal y experto en temas de seguridad, detalló que parte de las irregularidades detectadas se encuentran la evasión de presos, violación de derechos humanos, o no atender la función pública como deberían.

El último caso que se ha dado es el de Gabriel Octavio Torres, titular de la unidad canina de la fiscalía, quien fue acusado de abuso de autoridad, por lo que fue cumplimentada una orden de aprehensión que había en su contra.

En este caso, Dante Haro señaló que no debería de haber impunidad para ningún servidor público, pese al cargo que tengan, puesto que son los primeros obligados a cumplir las leyes y sobre todo, los derechos laborales y humanos de los trabajadores que están a su cargo.

“Aquí nosotros estamos viendo que quien no quiere entender que existe una nueva etapa en donde se privilegia la dignidad y la atención quien quiera que esté haciendo mal su trabajo va a ser separado, desde luego tiene su debido proceso pero se levanta ante los órganos internos de la fiscalía que es contraloría y visitaduría la parte de administrativo, pero de responsabilidad y de separación y consignación lo que sea a final de cuentas necesario no se permite al final de cuentas abusos”.

La acusación que pese en contra de Gabriel Octavio Torres, es porque en 2016 fue el causante del aborto de una trabajadora de dicha unidad, según consta en la queja 6328/2016/VI que recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ).

En esta se detalla que Torres Bastida “ejerció indebidamente su función pública al cometer múltiples y sistemáticos actos de discriminación, ya que el trato hacia ella era prepotente e indigno, pues le asignaba servicios operativos complicados y desgastantes sin tenerle consideración por ser mujer, situación que se agravó cuando a inicios de marzo de 2016 la quejosa resultó embarazada con factor de riesgo alto, y aun así la mandó a patrullar 24 horas por 24 horas de descanso, cargando el equipo oficial completo, con un peso de 17 kilogramos”.

El oficial la obligó a que realizara las actividades por sí sola, impidiendo el apoyo de sus compañeros, sin tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de la agraviada y de su bebé.

“En la madrugada del 28 de abril de 2016, estando en servicio operativo, tuvo dolores fuertes en el abdomen y una hemorragia, negándole su superior Torres Bastida el apoyo para trasladarla a que recibiera atención médica; sin embargo, diversos compañeros ante la urgencia la llevaron a la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), donde al ser atendida se le realizó un legrado por el aborto incompleto que presentaba, perdiendo a su bebé de casi nueve semanas de gestación”, se lee en la queja que derivó en una recomendación.

Publicado en: Página 24 Jalisco

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